El Gobierno de Javier Milei tomó una decisión que sacude el tablero internacional: la Argentina se retirará del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y no volverá a postularse para integrar el organismo en el próximo período.
Con este paso, el país abandona uno de los espacios más relevantes en materia de defensa de derechos fundamentales, donde históricamente había tenido un rol protagónico y de referencia regional. La medida, presentada como un “cambio de prioridades”, significa en los hechos un retroceso en la presencia diplomática de la Nación en el escenario global.
El impacto político es inmediato: Argentina pierde la posibilidad de votar resoluciones clave, impulsar misiones de observación y sostener una voz propia frente a las crisis humanitarias más graves del mundo. Además, pone fin a una tradición que durante décadas fortaleció su imagen como actor internacional comprometido con la defensa de la democracia, la justicia y la memoria histórica.
Desde la Casa Rosada aseguran que la decisión responde a la necesidad de concentrar esfuerzos en otros ámbitos, pero en el plano internacional la lectura es otra: la salida es interpretada como un fuerte repliegue que aislará a la Argentina en foros donde siempre había tenido peso y reconocimiento.
Con este movimiento, el país rompe una trayectoria diplomática de años y abre un interrogante profundo: ¿qué lugar ocupará ahora la Argentina en la discusión global sobre derechos humanos?
