En medio del escándalo por los audios atribuidos al funcionario Diego Spagnuolo, que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de un “servicio de inteligencia paralelo” compuesto por kirchneristas, exagentes rusos y operadores vinculados a Venezuela.
La funcionaria defendió las medidas judiciales impulsadas contra periodistas y medios que difundieron las grabaciones, al sostener que se trata de una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al Gobierno en plena campaña electoral.
🗣️ “El kirchnerismo intentó voltear a cada gobierno”
En diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich aseguró:
“En Argentina los servicios de inteligencia ilegal han tenido distintos capítulos. El peronismo y el kirchnerismo han intentado voltear a cada gobierno que tuviese una idea distinta.”
Y agregó que la difusión de grabaciones supuestamente realizadas en la Casa Rosada constituye un hecho inédito:
“Nos pone en situación de indefensión a todos los ciudadanos. Es una inteligencia paralela, lo peor que puede existir.”
🌍 Denuncias de injerencias extranjeras
La ministra vinculó la situación con actores internacionales:
- Señaló a exservicios de inteligencia rusos.
- Mencionó la influencia de Venezuela, con el accionar del Tren de Aragua y episodios como el avión venezolano retenido en Argentina.
- Describió un “patrón global” de operaciones clandestinas en procesos electorales.
🎯 Los acusados locales
Bullrich también apuntó contra actores del ámbito local:
- Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y empresario de medios.
- Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, a quienes pidió allanar.
- El abogado Franco Bindi, señalado como operador judicial vinculado a Fernando Pocino.
📌 Comunicado oficial de Presidencia
En paralelo, la Vocería de Presidencia difundió un comunicado donde el Gobierno formalizó la denuncia ante la Justicia Federal.
El texto afirma que la maniobra consistió en la captación ilegal de audios privados de funcionarios nacionales, luego manipulados y difundidos “de manera escalonada previo a la contienda electoral”.
“No fue una filtración casual, sino un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, sostiene el comunicado.
El Gobierno pidió medidas cautelares urgentes para impedir nuevas publicaciones y defendió la prohibición judicial de difundir los audios como un modo de preservar la transparencia electoral.
