El Gobierno volvió a encender la tensión política y judicial. Esta vez, apuntó directamente contra Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a quien denunció penalmente por “amenazas al orden democrático”. La acusación llegó desde el Ministerio de Seguridad, bajo órdenes directas de Patricia Bullrich, y cayó como un símbolo del momento: más persecución que diálogo.
La presentación se basa en una frase polémica del sindicalista, quien declaró que su trabajo es “provocar la crisis de este Gobierno”. Para el oficialismo, esas palabras constituyen una amenaza pública. Para muchos otros, simplemente describen una realidad que ya se siente todos los días en la calle: inflación que no afloja, salarios destruidos y un clima social cada vez más frágil.
Bullrich salió rápidamente a las redes para acusarlo de “desestabilizador y golpista”. Milei no dudó en amplificar el mensaje, reforzando la idea de que cualquier crítica frontal debe ser respondida con artillería judicial. Sin embargo, el trasfondo es evidente: la denuncia aparece justo cuando avanza la reforma laboral, la medida más resistida por los gremios y el sector estatal.
El Gobierno busca presentar a Aguiar como una amenaza para la democracia, pero evita hablar del deterioro institucional que generan sus propias decisiones. Los recortes, la presión sobre trabajadores y la falta de diálogo real con los sindicatos alimentan un clima explosivo que esta denuncia solo potencia.
Mientras tanto, la Justicia queda otra vez en medio de una pelea política que crece día a día. Los gremios toman posición. Y el país, atrapado entre acusaciones y reformas exprés, sigue esperando que alguien gobierne en vez de buscar enemigos.
