Mientras el gobierno nacional ofrece apenas un 1% de aumento a los trabajadores estatales y congela paritarias del sector privado, Patricia Bullrich autorizó un incremento del 9% para las Fuerzas de Seguridad federales. La decisión, plasmada en la Resolución 520/2025 publicada en el Boletín Oficial, consolida una línea política clara del gobierno de Javier Milei: ajuste para la mayoría, beneficios selectivos para los sectores encargados del orden público.
La suba alcanza a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. El aumento es retroactivo a marzo y abril, y se suma al 5% que ya se había otorgado en febrero tras amenazas de protesta interna. El acumulado rompe con el techo salarial del 1% mensual que la Secretaría de Trabajo viene imponiendo para el resto del Estado y que ni siquiera se homologó en acuerdos privados como el de empleados de Comercio.
Análisis económico: prioridades del gasto en un Estado en ajuste
En un contexto de recesión profunda, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo, este aumento salarial expone una estrategia de gasto selectiva: el ajuste fiscal libertario no es uniforme, sino que prioriza a los sectores claves para sostener el esquema político de Milei.
El 9% trimestral para las fuerzas de seguridad contrasta fuertemente con el trato recibido por docentes, médicos, científicos y empleados públicos en general, quienes han visto sus salarios licuarse frente a una inflación interanual que supera el 240%. Mientras tanto, sectores como el INDEC, CONICET o ANSES enfrentan parálisis presupuestaria y hasta amenazas de despidos masivos.
Desde un enfoque fiscal, la medida revela que el “déficit cero” no implica ausencia total de gasto, sino reorientación del gasto hacia áreas consideradas estratégicas por el Ejecutivo. En este caso: la seguridad y el control del orden interno.
Análisis político: control social, fuerzas leales y mensaje interno
Desde lo político, el aumento funciona como un mensaje doble: hacia dentro, fortalece la lealtad de las fuerzas federales en un momento de tensión social creciente y eventuales conflictos callejeros por el ajuste; hacia fuera, busca disuadir protestas y garantizar un aparato represivo bien pago.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Bullrich con línea directa a Casa Rosada, consolida así su poder institucional en el esquema libertario. La ministra ya había sido premiada con la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y mantiene bajo su órbita a fuerzas clave para el control social.
Con salarios que ya superan ampliamente el millón de pesos en las jerarquías superiores —el Comisario General de la PFA percibirá $2.694.812 mensuales desde mayo—, las fuerzas de seguridad se transforman en una “casta blindada” dentro del esquema de ajuste. Un Gendarme II cobrará $662.094 y un agente de la PFA, $816.651, mientras el salario mínimo vital y móvil se mantiene en $202.800.
¿Qué modelo de Estado propone Milei?
Este episodio revela con claridad el tipo de Estado que propone Javier Milei: mínimo en derechos, pero fuerte en control. Mientras la salud pública, la educación y la ciencia padecen recortes, el aparato de seguridad se robustece con aumentos salariales por decreto.
La política salarial diferenciada también tiene efectos colaterales: fractura al conjunto del Estado, genera desigualdades internas, y busca disciplinar al resto de los trabajadores públicos, mostrando que solo quienes sostienen el orden podrán escapar a la licuación del salario.
Si el gobierno nacional insiste en bloquear paritarias libres pero premia a las fuerzas con aumentos por fuera del techo, el conflicto social parece no solo inevitable, sino también anticipado por su propio diseño presupuestario.
