Un proyecto presentado en la Legislatura porteña volvió a encender la guerra del transporte en la Ciudad. La propuesta del legislador Alejandro Grillo (Unión por la Patria) apunta a prohibir que los autos particulares trabajen para apps como Uber y Didi, obligando a que solo taxis y remises habilitados puedan operar.
El Gobierno porteño queda en el centro del conflicto: la iniciativa revela años de controles débiles y un crecimiento desbordado de servicios informales que hoy funcionan sin seguros, sin marco laboral y sin supervisión real.
El proyecto exige que las aplicaciones tengan domicilio en la Ciudad, paguen impuestos por cada viaje y entreguen datos en tiempo real al Estado. También fija límites a la concentración del mercado y prevé sanciones durísimas para quienes operen sin habilitación.
Los gremios taxistas celebraron la medida, asegurando que “por fin se frena la competencia desleal”. De 38 mil taxis que había en CABA, hoy apenas quedan 17 mil. El sector ve esta ley como la única oportunidad para recuperar terreno.
Las apps, en cambio, advierten que miles de choferes podrían quedar afuera del sistema si se prohíben los autos particulares. Para ellos, la reforma no moderniza nada: los empuja otra vez a la informalidad o al desempleo.
La norma también busca modernizar al taxi: tarifas que se actualizan automáticamente, trámites simplificados y una BA Taxi renovada. Todos los conductores deberán trabajar bajo relación laboral formal y cumplir exámenes y controles anuales.
La Ciudad queda, una vez más, dividida entre dos modelos que chocan:
un sistema tradicional que intenta sobrevivir y una economía digital que no se detiene, mientras miles de choferes esperan una definición que puede cambiarles la vida.
