El Gobierno de Javier Milei decidió posponer el tratamiento del nuevo Código Penal para concentrarse en la polémica Reforma Laboral, prevista para febrero. La medida provocó críticas de sectores que acusan al Ejecutivo de priorizar su agenda política por sobre la seguridad y la justicia.
La excusa: “concentrar esfuerzos”
Según fuentes oficiales, la postergación busca evitar dispersar energías legislativas. Mientras la Reforma Laboral avanza, el proyecto penal, que incluye más de 900 artículos, queda en el limbo. Expertos advierten que esto demora reformas urgentes y puede afectar la política criminal del país.
Un proyecto clave en pausa
El Código Penal fue diseñado con la participación de Patricia Bullrich, Santiago Caputo y otros asesores. Su objetivo: endurecer penas y evitar arbitrariedades judiciales. Sin embargo, la prioridad del gobierno ahora es lograr apoyos políticos para la Reforma Laboral, dejando de lado temas de seguridad que muchos consideran urgentes.
Críticas y desorden
El retraso evidencia la incapacidad del Ejecutivo para manejar prioridades. Para los críticos, la medida refleja un gobierno más preocupado por sus intereses políticos que por garantizar justicia efectiva. La agenda legislativa aparece sobrecargada y caótica, con objetivos que muchos califican de show político más que de política de Estado.
