La detención de Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, no puede leerse como un caso aislado. Lo que comenzó como un operativo judicial por un escrache menor contra el diputado José Luis Espert —con supuestas pintadas y pasacalles— terminó por revelar una maquinaria político-judicial que, en nombre de la seguridad, apunta a disciplinar y criminalizar la militancia opositora.
Abaigar estuvo cinco días incomunicada en Ezeiza y hoy cumple prisión domiciliaria, con una tobillera electrónica y una fianza inalcanzable de 30 millones de pesos, impuesta arbitrariamente por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Todo esto sin haber sido aún notificada formalmente de los cargos en su contra ni haber accedido al expediente completo. Lo que se conoce de su causa fue filtrado selectivamente a medios afines al oficialismo, con el objetivo de instalar el relato de una “militante terrorista”.
El caso como síntoma del estado de excepción
Lo sucedido con Abaigar se inscribe en un patrón más amplio de utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución política, donde las garantías constitucionales se ven subordinadas a las necesidades comunicacionales del Gobierno. Su detención incluyó un operativo cinematográfico con esposas, cadenas al piso del patrullero y escraches mediáticos deliberados. Según la propia Alexia, las fuerzas de seguridad repitieron el procedimiento de su traslado para “que se le vea la cara”, en clara coordinación con una narrativa ya montada desde la Casa Rosada.
Todo esto ocurre en un contexto donde el oficialismo necesita reforzar su relato de “mano dura” frente a un Congreso adverso y una creciente movilización social. En este sentido, el caso Abaigar aparece como un mensaje: no solo para la militancia peronista o feminista, sino para cualquiera que piense en salir a la calle a manifestar disidencia.
La amenaza se concreta: “Cárcel o bala”
La propia Alexia interpreta su detención como una puesta en escena de la amenaza repetida por algunos referentes del oficialismo: “cárcel o bala”. Lejos de ser una frase desafortunada, la consigna se está aplicando selectivamente sobre sectores organizados del campo popular. La prisión de Eva Mieri, militante del peronismo bonaerense, también detenida en Ezeiza bajo cargos similares, confirma esta hipótesis.
No es casual que gran parte de las detenidas en este operativo sean mujeres, militantes políticas y sociales, y que se intente presentar sus acciones como si fueran parte de una organización violenta. En paralelo, la violencia institucional real —como la represión callejera o el espionaje sobre estudiantes— es minimizada o directamente negada por los voceros del Gobierno.
Un proceso judicial con fines disciplinadores
La causa contra Abaigar presenta rasgos preocupantes para cualquier Estado de derecho. Se impone un secreto de sumario excesivo, se condiciona la libertad con fianzas imposibles y se niega información básica a los imputados, mientras que fragmentos del expediente aparecen en televisión antes que en los despachos de los abogados defensores.
La construcción del “enemigo interno” se apoya en señales ideológicas: un póster de Evita, un libro de Cristina Kirchner y un cuadernillo de La Cámpora fueron considerados elementos sospechosos durante el allanamiento. La intención de secuestrarlos fue impedida gracias a la intervención de un vecino, que reconoció lo insólito de la escena: “Nunca pensé que militar políticamente volviera a ser un delito”, declaró.
Un mensaje para la militancia
Lo que está en juego no es solo la libertad de Alexia Abaigar, sino el derecho a la organización política, la protesta y la disidencia. Con su caso, el Gobierno ensaya un nuevo modelo de disciplinamiento: judicial, mediático y espectacularizado. Busca generar miedo, especialmente en los sectores más jóvenes, con el objetivo de desmovilizar.
Pero también puede tener un efecto inverso. La persecución a Abaigar no debilitó sus convicciones. “Más que nunca creo que esta crueldad hay que frenarla”, dijo desde su prisión domiciliaria. El proceso que pretendía acallarla la transformó en una voz visible de denuncia, y expuso —en toda su crudeza— los riesgos de un modelo que asocia orden con represión, justicia con castigo ejemplar y militancia con delito.
