La golpiza a la joven marinera reveló prácticas abusivas y disciplinarias en la Armada que exponen la falta de modernización en las Fuerzas Armadas. El entrenamiento ‘antipiquetes’ y el rol del machismo institucional bajo la lupa judicial.
El caso de Brisa Páez, la joven marinera de 21 años que terminó en coma tras un brutal entrenamiento dentro de la Armada Argentina, sacudió la opinión pública y encendió alarmas sobre el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas en la actualidad. La justicia ya procesó a seis miembros de la institución, con prisión preventiva para el principal acusado, quien además era ex pareja de la víctima. Lo ocurrido en la base de Vicente López no solo fue un hecho de violencia física, sino la expresión de una estructura disciplinaria anacrónica, verticalista y profundamente masculinizada.
Entrenamientos violentos: entre la represión y la lógica de castigo
El “ejercicio de entrenamiento antidisturbios” —inspirado en los protocolos de seguridad urbana promovidos por la ministra Patricia Bullrich— se desarrolló el 4 de abril como parte de las tareas de instrucción a la Segunda Tropa Voluntaria. Jóvenes con apenas cuatro meses dentro de la fuerza fueron expuestos a un simulacro que, en los hechos, consistió en agresiones físicas sistemáticas, insultos y hostigamiento por parte de instructores superiores.
Durante este operativo, Brisa Páez recibió varias patadas, una de las cuales —una “patada voladora” propinada por su ex pareja, el Cabo Segundo Juan Gabriel Escobar— la derribó al suelo provocándole lesiones neurológicas graves. El caso evidencia que la doctrina de formación de la Armada sigue aferrada a métodos disciplinarios autoritarios y carentes de perspectiva de derechos humanos, con una lógica de “adoctrinamiento por violencia”.
FAA: ¿reformas pendientes o regresión institucional?
Lejos de tratarse de un hecho aislado, lo sucedido con Brisa desnuda la falta de modernización cultural y doctrinaria de las Fuerzas Armadas, especialmente en un contexto político donde el Gobierno nacional intenta reinsertarlas en la vida civil bajo roles de control interno, como la seguridad en fronteras o la represión de protestas. Esta estrategia revive antiguas tensiones entre democracia y militarismo, revirtiendo consensos construidos desde 1983.
La intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la imputación de seis marinos —uno de ellos acusado de violencia de género agravada— deja en evidencia que, lejos de ser un ámbito neutral o profesionalizado, la Armada aún reproduce patrones de abuso de poder, machismo y encubrimiento. Además, según testigos, la violencia hacia las mujeres dentro de la fuerza sigue siendo parte de una lógica de “prueba de resistencia”: si no soportás la agresión, no pertenecés.
Género, jerarquía y exclusión: el costo de querer pertenecer
La investigación judicial, impulsada por la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres (UFEM), remarcó que la víctima fue “puesta a prueba” por ser mujer. La cultura institucional de la Armada naturaliza que las mujeres deben demostrar más para ser aceptadas, en un esquema de “doble exigencia” que reproduce desigualdad, discriminación y, como en este caso, puede terminar en tragedia.
El abuso de Escobar —quien además tenía un vínculo previo con la víctima— suma otro nivel de gravedad: la violencia de género como forma de control dentro del sistema castrense, donde la denuncia es casi imposible y el silencio es la norma. Las jerarquías rígidas y la falta de mecanismos internos de protección colocan a las víctimas en una situación de absoluta indefensión.
¿Qué rol cumple hoy la Armada y hacia dónde va?
Mientras el gobierno nacional alienta una narrativa de “restauración del orden” y promueve una presencia creciente de las FAA en tareas de seguridad interna, casos como el de Brisa demuestran que las reformas profundas, tanto estructurales como culturales, siguen sin llegar. El sistema militar no puede cumplir ningún rol democrático si no erradica las lógicas violentas y patriarcales que aún lo atraviesan.
La jueza libró oficios al Ministerio de Defensa y al Congreso para que el caso sea tratado como lo que es: una grave violación de derechos humanos dentro de una institución del Estado, con implicancias que trascienden lo penal y exigen reformas inmediatas.
