El mismo día en que el Gobierno decretó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se autorizó la compra de neumáticos por casi 2,4 millones de dólares, sumando así más de 5 millones destinados a un organismo que, según denuncian trabajadores y gobernadores, ya no realiza obras en rutas.
El gasto se suma a otra licitación polémica revelada días atrás: la contratación de un sistema de vigilancia de última generación para controlar al personal de la sede central. La paradoja es evidente: mientras se ajusta y se despide personal, se gastan millones en tecnología de control y equipamiento para una estructura estatal que se está desmantelando.
Análisis político: un cierre con sello ideológico
El cierre de Vialidad Nacional no es un hecho aislado, sino parte del plan de achicamiento del Estado impulsado por Javier Milei y ejecutado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La idea central es desmantelar áreas clave del Estado bajo el argumento de eliminar “gasto público innecesario”, pero la forma en que se están realizando las últimas compras genera sospechas dentro y fuera del organismo.
La adquisición de neumáticos, sin claridad sobre su destino, ocurre mientras se avanza en el desguace de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros entes vinculados al mantenimiento de rutas y la seguridad del tránsito. Para los gremios del sector, esto recuerda a los años 90, cuando se pavimentaban rutas estatales que luego se concesionaban a privados. ¿Se está reequipando con fondos públicos una estructura que luego se traspasará al sector privado?
Análisis económico: ajuste para unos, recursos para otros
Desde lo económico, el caso pone en evidencia una doble vara: por un lado, se recorta obra pública, se despiden trabajadores y se suspenden tareas esenciales como el mantenimiento de rutas, pero al mismo tiempo se liberan millones de dólares para compras cuestionadas.
Estas decisiones se toman mientras Vialidad denuncia la falta de fondos para sus funciones básicas, como lo estipula la ley del impuesto a los combustibles. El sindicato de Trabajadores Viales incluso amplió una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, señalando que si hay dinero para controlar a los trabajadores o comprar insumos, también debería haberlo para tapar los baches en rutas que están en estado crítico.
Además, se plantea un problema de transparencia y legalidad: realizar compras millonarias cuando el organismo ya está formalmente en proceso de cierre va en contra de la ley de Ética Pública y de contrataciones estatales, según advierten los sindicatos.
¿Qué hay detrás de las compras?
Desde los gremios alertan sobre posibles maniobras para facilitar el traspaso del parque automotor estatal a manos privadas, como parte del plan de privatizaciones encubiertas. También señalan la posibilidad de que estos insumos sean enviados a otros organismos o provincias afines. Pero lo cierto es que no hay explicaciones claras ni plan de reestructuración oficial, lo que alimenta las sospechas.
Acción judicial
En paralelo, los gremios presentaron una acción de amparo para frenar el Decreto 461/25, que formaliza el cierre de Vialidad. Argumentan que la norma es inconstitucional, que pone en riesgo la seguridad vial y que afecta derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales.
Conclusión: achique del Estado con olor a negocio
El caso Vialidad muestra cómo el discurso del “ajuste” convive con movimientos millonarios poco transparentes. Mientras se despide personal técnico especializado y se paralizan obras vitales, se hacen compras millonarias en equipamiento y vigilancia sin una justificación operativa clara.
Políticamente, refleja un modelo que debilita al Estado mientras crea las condiciones para el avance del sector privado sobre áreas estratégicas. Económicamente, es un ejemplo del falso dilema entre austeridad y gasto público, donde se ajusta a los de abajo pero se benefician sectores concentrados.
