Mientras el país atraviesa una crisis económica sin precedentes y millones de argentinos ajustan hasta lo básico, el Gobierno volvió a encerrarse en la Casa Rosada para definir, a puertas cerradas, un paquete de reformas que promete golpear de lleno a trabajadores, jubilados y sectores medios. La “mesa chica” libertaria, convocada por Manuel Adorni, se reunió de urgencia para aceitar una estrategia legislativa exprés que buscará imponer cambios estructurales sin debate real ni consenso social.
En la reunión participaron figuras clave del oficialismo como Santiago Caputo, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich y Eduardo “Lule” Menem, en una cumbre marcada por la ausencia de Javier Milei y Karina Milei, que eligieron viajar al exterior mientras el país arde.
Entre las iniciativas que el Gobierno pretende imponer a toda velocidad figuran la reforma laboral —rechazada por los sindicatos—, cambios en el régimen impositivo, una ley de “inocencia fiscal” que genera sospechas, y una reforma del Código Penal. Todo esto bajo el paraguas del llamado “Consejo de Mayo”, un organismo que lejos de representar a la ciudadanía, funciona como una mesa de negociaciones entre el poder político y los intereses económicos.
El punto más explosivo es la reforma laboral, que recortaría derechos históricos, modificaría indemnizaciones, licencias y condiciones de trabajo, además de avanzar sobre el financiamiento sindical. Dentro del propio oficialismo hay internas feroces, mientras crece el temor a un estallido social.
A contrarreloj y con un Congreso al que buscan arrinconar, el Gobierno intenta aprobar reformas que pueden cambiar el rumbo del país, pero sin escuchar a la calle, que ya empieza a hacer oír su bronca.
