La Cámara de Diputados inicia una semana corta pero decisiva con el foco puesto en la causa $LIBRA, la criptoestafa que ya se conoce como Criptogate y que salpica directamente al círculo íntimo del presidente Javier Milei. El Congreso no solo será escenario de una interpelación a funcionarios clave, sino también del arranque formal de la Comisión Investigadora, cuyo desarrollo o parálisis marcará un punto de inflexión en el equilibrio de poder entre oficialismo y oposición.
Una interpelación que busca responsabilidades políticas
La interpelación de Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) responde a una demanda política que, más allá de los tecnicismos, expone una creciente presión sobre el Ejecutivo para rendir cuentas por la falta de control, transparencia y potencial encubrimiento en torno al escándalo del token $LIBRA. La ausencia de Luis Caputo y del titular de la CNV, Roberto Silva, profundiza el mensaje: el Gobierno prefiere evadir la rendición de cuentas parlamentaria, incluso cuando se trata de un esquema financiero con dimensiones internacionales y sospechas de delitos federales.
Políticamente, el hecho de que se retome la figura de la interpelación ministerial, que no se usaba desde 1995, es en sí mismo un acto cargado de significado institucional. Muestra un Congreso que, al menos en sectores de la oposición, intenta reactivar su rol de control frente a un Ejecutivo que, con fuerte impronta personalista, ha buscado desde su inicio debilitar las instancias legislativas.
La Comisión Investigadora: ¿justicia o blindaje político?
El punto más álgido de la semana será la conformación de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, una instancia legislativa que podría destapar las conexiones entre la criptoestafa y altos funcionarios del gobierno de Milei, o convertirse en un instrumento neutralizado por la paridad y los acuerdos de cúpula. La batalla por la presidencia de la comisión es mucho más que una disputa protocolar: es la pelea por el control del ritmo y profundidad de la investigación.
El oficialismo, encabezado por Martín Menem, ya maniobró para romper bloques y forjar interbloques que le permitan equilibrar fuerzas (o torcerlas) dentro de la comisión. La paridad 14-14 entre oficialistas y opositores es un callejón institucional que puede ser decisivo: o se rompe a favor de quienes buscan investigar, o el caso se diluye en la inercia legislativa. Desde el punto de vista político, Milei necesita bloquear esta comisión a toda costa: no solo porque amenaza con judicializar a miembros de su entorno, sino porque podría socavar la narrativa de anticorrupción libertaria con la que llegó al poder.
El Congreso como campo de resistencia política
La emergencia por el caso $LIBRA no llega sola. En paralelo, la oposición impulsa otros dos debates legislativos que buscan acorralar al Gobierno en el plano social: la emergencia en discapacidad y la continuidad de la moratoria previsional. Ambos temas, que afectan directamente a sectores vulnerables, han sido ignorados o recortados por el Ejecutivo bajo la lógica del ajuste.
La táctica de superposición de agendas —convocando todas las comisiones para el mismo día que se arma la comisión del Criptogate— es una jugada del oficialismo que intenta restar visibilidad y dificultar la coordinación opositora. Aun así, el contenido de los proyectos es elocuente: se trata de respuestas legislativas a políticas de exclusión social que emergen como consecuencias del ajuste sin anestesia que encabeza Milei.
¿Un Congreso dividido o un Congreso en movimiento?
La causa $LIBRA pone al Congreso ante un dilema institucional de fondo. ¿Será capaz de sostener una investigación que podría comprometer la legitimidad del oficialismo? ¿O caerá en la lógica del empate, la dilación y el encubrimiento parlamentario?
Lo que está en juego no es solo el futuro judicial de una criptoestafa, sino el rol del Poder Legislativo en la era Milei: un gobierno que desde el día uno buscó gobernar por decreto, con una narrativa disruptiva que desprecia la política tradicional, y que ahora debe enfrentar las consecuencias políticas de esa misma narrativa cuando la ética pública empieza a ser cuestionada.
