En un gesto que sorprendió a muchos, el gobierno de Donald Trump anunció que respaldará a la Argentina en su pelea judicial contra el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. Lo hará a través de una figura legal llamada amicus curiae (“amigo del tribunal”) ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
El apoyo no es solo jurídico: implica una toma de posición geopolítica en un conflicto que involucra soberanía, recursos estratégicos y tensiones entre Estados-nación y actores financieros globales.
¿Qué está en juego?
La causa se remonta a la estatización parcial de YPF en 2012, cuando el Estado argentino expropió el paquete accionario mayoritario en manos de Repsol. Los fondos Burford y Eton Park compraron los derechos de litigio de antiguos accionistas y demandaron al país en tribunales de Nueva York. Preska falló a favor de esos fondos, ordenando —en un hecho sin precedentes— que se transfieran acciones de la principal empresa energética del país.
La decisión, más allá del valor económico, golpea directamente la soberanía argentina sobre su política energética. Y también pone sobre la mesa un problema global: hasta qué punto los fondos especulativos pueden forzar decisiones que afectan el control de los recursos estratégicos de un Estado.
¿Por qué interviene el gobierno de Trump?
Estados Unidos, en general, ha respaldado la inmunidad soberana de los países frente a decisiones judiciales que puedan poner en riesgo su integridad institucional. Ya lo había hecho el gobierno de Joe Biden, que presentó en su momento un amicus curiae similar. Ahora, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, la continuidad de esa postura muestra que, al menos en este punto, hay un interés geopolítico común más allá de la grieta partidaria norteamericana.
¿Qué está protegiendo Washington? Probablemente, su propia jurisprudencia. Si un tribunal de su país logra hacer efectiva la transferencia forzada de activos clave de una empresa estatal extranjera, eso sienta un precedente riesgoso: cualquier Estado, incluido Estados Unidos, podría quedar vulnerable a litigios similares en el futuro.
Además, el respaldo podría tener una lectura más amplia: en un contexto global donde los recursos naturales —como el litio, el gas o el petróleo— se han vuelto geoestratégicos, Washington busca no dinamitar relaciones con gobiernos que controlan activos clave en América Latina, una región que sigue siendo vital en la disputa por la influencia global entre potencias.
El presente del caso
Actualmente, el fallo de Preska se encuentra suspendido de forma temporal mientras avanza la apelación argentina. La participación del Departamento de Justicia norteamericano busca prolongar esa suspensión durante todo el proceso de revisión, lo que le daría aire a la Argentina para evitar la entrega inmediata de las acciones.
No obstante, el resultado es incierto. Preska ya desoyó el amicus que había presentado la Casa Blanca durante la gestión Biden. Pero esta vez, el peso político del nuevo apoyo podría inclinar la balanza.
Conclusión: recursos, soberanía y fondos buitre en el tablero global
Lo que sucede con YPF no es solo una disputa legal. Es un ejemplo del conflicto entre la lógica financiera transnacional —que busca rentabilidad a toda costa, incluso sobre bienes públicos— y la soberanía de los Estados para administrar sus recursos estratégicos.
El respaldo del gobierno de Trump a la Argentina no es una concesión ideológica. Es, sobre todo, un gesto de realismo geopolítico: si se deja avanzar a los fondos buitre sobre un país como Argentina, mañana el blanco podría ser otro Estado. En tiempos de multipolaridad y competencia feroz por los recursos, Estados Unidos no quiere dejar esa puerta abierta.
