En una movida que promete encender la polémica y sacudir el clima social, el Gobierno decidió avanzar con una medida de gran alcance: la licitación para el envío de 720.000 cartas documento destinadas a notificar la suspensión de un número considerable de pensiones por discapacidad laboral en todo el país.
La decisión se enmarca en un proceso de revisión exhaustivo que, según el oficialismo, apunta a depurar el sistema y erradicar irregularidades que, aseguran, generan un gasto millonario al Estado.
El operativo no es menor. De acuerdo con cifras oficiales, ya se han suspendido más de 110.000 pensiones por presuntas irregularidades en su otorgamiento, además de más de 8.000 beneficios correspondientes a personas fallecidas y más de 10.000 renuncias voluntarias. El objetivo ahora es acelerar el proceso de notificación, para que los beneficiarios reciban la comunicación en un plazo récord y sin margen de confusión sobre el alcance de la medida.
El contrato firmado establece que las cartas deberán ser entregadas en un máximo de 48 horas hábiles, con un segundo intento de entrega al día siguiente si la primera gestión fracasa. Si en un plazo de cinco días no se logra concretar la entrega, las notificaciones serán devueltas al remitente, lo que permitirá llevar un control estricto de todo el procedimiento y garantizar su trazabilidad.
Desde el Ejecutivo destacan que este plan permitirá un ahorro mensual cercano a los 35.000 millones de pesos y proyectan que, de mantenerse la depuración, el gasto anual en pensiones por invalidez laboral podría reducirse en cerca de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, la medida ya genera reacciones encontradas: mientras el Gobierno la presenta como un paso clave para combatir el fraude y optimizar recursos, críticos y organizaciones sociales advierten que puede dejar sin sustento a miles de personas que realmente dependen de estos beneficios para sobrevivir.
En medio de este clima de tensión, el masivo envío de cartas documento se perfila como el inicio de un nuevo capítulo en la política de ajuste del Gobierno, que no parece dispuesto a dar marcha atrás y que, por el contrario, se prepara para intensificar la revisión de beneficios en los próximos meses.
