El Gobierno nacional encara una semana clave en el Congreso, donde buscará aprobar dos reformas centrales de la agenda de Javier Milei: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil. Ante la falta de mayorías propias y el creciente rechazo político y social, la Casa Rosada decidió instalar a sus principales operadores en el Parlamento para controlar cada voto y evitar sorpresas de último momento.
La estrategia expone la fragilidad del oficialismo, que llega a este tramo del año sin consensos sólidos y con un clima de tensión creciente tanto en las provincias como entre los gremios.
Reforma laboral: rechazo sindical y malestar de las provincias
El miércoles será el turno del debate por la reforma laboral en el Senado, uno de los proyectos más polémicos del Gobierno. La iniciativa generó fuerte resistencia sindical, especialmente por los cambios en las cuotas solidarias y el financiamiento de las obras sociales.
Si bien la CGT no logró acordar un paro general, confirmó una movilización, dejando en claro que el conflicto está lejos de cerrarse. Los gremios aún esperan modificaciones que el Ejecutivo ya habría decidido descartar por completo, endureciendo su postura.
A esto se suma el malestar de los gobernadores, que reclaman compensaciones por la baja de recaudación que provocaría la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades. Desde las provincias advierten que la medida implica más ajuste en un contexto de caída de coparticipación, algo que el Gobierno parece ignorar.
Diputados y el régimen penal juvenil
El jueves, la discusión se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se debatirá el régimen penal juvenil. En el oficialismo creen que el escenario es más favorable, ya que el proyecto cuenta con respaldo de bloques aliados y de sectores dialoguistas como Encuentro Federal.
Sin embargo, el temor a un traspié de último momento llevó al Ejecutivo a desplegar una presencia permanente en el Congreso, una postal que ya se repitió en otras sesiones conflictivas.
Operativo político y presión en los despachos
Desde el martes, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt se moverán entre el Senado y Diputados para cerrar acuerdos a contrarreloj. El objetivo es blindar los votos y sostener a Martín Menem en Diputados y a Patricia Bullrich en el Senado.
Mientras tanto, la mesa política nacional aún no fue convocada, una señal más del desorden interno y la improvisación que domina la estrategia legislativa del Gobierno.
Gobernadores en alerta y maniobras para frenar el rechazo
La reforma laboral enfrenta un escollo clave: el rechazo de varios gobernadores del espacio Provincias Unidas, que consideran que el proyecto implica desfinanciar a las provincias. Pese a esto, la Casa Rosada logró suspender reuniones entre mandatarios y la CGT, y también un encuentro previsto en el CFI para unificar una postura común.
Las maniobras dejaron expuesta la presión política directa del Ejecutivo, que busca evitar una foto de rebeldía federal en pleno debate legislativo.
Un Gobierno a la defensiva
En paralelo, el oficialismo evalúa extender las sesiones extraordinarias para intentar aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo, otra señal de urgencia y falta de planificación.
Con Javier Milei finalmente en el país tras cancelar un viaje a Miami, el Gobierno se juega mucho más que dos proyectos de ley: se juega su capacidad real de gobernar sin recurrir al apriete político.
En un Congreso cada vez más incómodo y con el malestar social en aumento, la pregunta empieza a ser inevitable: ¿cuánto más podrá forzar el Gobierno antes de que el desgaste sea irreversible?
