El llamado “mayor caso de corrupción de la historia argentina” volvió a escena, pero esta vez no como un proceso judicial transparente, sino como un espectáculo montado para demonizar —una vez más— a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo. Desde el Tribunal Oral Federal N°7, donde se amontonan 87 imputados entre exfuncionarios y empresarios, el gobierno y sus socios mediáticos buscan reinstalar el viejo relato de la “corrupción K” justo cuando la economía se derrumba y el malestar social crece.
Mientras el pueblo sufre tarifas impagables, inflación sin control y salarios pulverizados, el oficialismo desempolva el expediente de los “cuadernos” —esos escritos dudosos de un chofer que ni siquiera existen en su totalidad— para distraer y ensuciar a la única figura política que todavía genera verdadero poder popular. De los ocho cuadernos originales, dos siguen desaparecidos, pero eso parece no importar a una Justicia más interesada en titulares que en pruebas.
El fiscal Paul Starc y la fiscal Fabiana León encabezan una cruzada mediática transmitida en vivo por YouTube, una parodia de juicio con aroma a circo romano.
La realidad es que este proceso, plagado de arrepentidos presionados, pruebas dudosas y jueces amigos del poder, no busca justicia, sino revancha política. Es el intento desesperado del gobierno y su aparato judicial-mediático de borrar la memoria de una década de inclusión y soberanía nacional.
Otra vez, Cristina en el banquillo. Otra vez, la persecución de siempre. Pero también, otra vez, el pueblo mirando con ojos abiertos cómo los que gobiernan con motosierra en mano usan los tribunales para callar a quien los enfrentó.
