La decisión de la Justicia argentina de solicitar una orden de captura internacional contra el líder supremo de Irán, Alí Khamenei, por su presunta responsabilidad en el atentado a la AMIA, vuelve a poner en primer plano uno de los casos más complejos de la historia judicial argentina, atravesado por intereses internacionales, encubrimientos y una red geopolítica que se expande mucho más allá de los tribunales de Comodoro Py.
El pedido fue formulado por los fiscales Sebastián Basso y Julio Gonzalo Miranda, quienes impulsan el juicio en ausencia por el atentado de 1994 que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. El juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, recibió la solicitud para librar la orden de Interpol contra Khamenei, de 85 años, quien ya había sido mencionado en informes del fiscal Alberto Nisman, asesinado en 2015 poco antes de presentar su denuncia contra el entonces gobierno argentino por supuesto encubrimiento.
Desde Teherán, la reacción fue inmediata: acusaron a la Argentina de violar principios del derecho internacional y amenazaron con tomar “medidas jurídicas y políticas” si el país no revierte su postura. La nota diplomática, entregada por el director de Asuntos de América de la Cancillería iraní al encargado de negocios argentino, eleva el conflicto a nivel bilateral y anticipa posibles represalias en foros multilaterales.
Un conflicto que expone al gobierno argentino
Para la administración de Javier Milei, que ha adoptado una política exterior de fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel, la decisión judicial puede leerse tanto como una reafirmación del reclamo histórico de justicia por el atentado a la AMIA como un gesto diplomático con implicancias concretas. El pedido de captura a Khamenei, con inmunidad como jefe de Estado, probablemente no prospere en términos operativos, pero sienta un precedente de alto voltaje simbólico y legal.
Además, la medida podría generar fricciones en un escenario global ya marcado por la inestabilidad: con una región de Medio Oriente convulsionada, el regreso de Donald Trump a la carrera presidencial en EE.UU., y una creciente ofensiva israelí sobre territorio iraní, cualquier acción judicial que apunte a las máximas autoridades de la República Islámica de Irán puede leerse como una pieza más en el tablero estratégico global.
Irán, la AMIA y la política del encubrimiento
Irán ha sido señalado históricamente como el autor intelectual del atentado a la mutual judía en Buenos Aires. La investigación de Nisman y los informes del Mossad apuntaron a una red de inteligencia iraní y a la participación directa de Hezbollah, brazo armado y político apoyado por Teherán.
No obstante, desde hace décadas, el avance de la causa ha estado trabado por intereses cruzados, acuerdos diplomáticos fallidos (como el Memorándum con Irán firmado durante el kirchnerismo), y una falta de voluntad política sostenida. La ausencia de detenidos y la impunidad que rodea el caso lo convirtieron en una herida abierta para la democracia argentina.
Ahora, la decisión de avanzar con un juicio en ausencia y de solicitar la captura de Khamenei reconfigura ese tablero: no solo expone el rol del líder supremo iraní en la estrategia de exportación del extremismo chiita, sino que también coloca a Argentina en una posición incómoda frente a bloques alineados con Irán, como Rusia, China y parte del mundo islámico.
Riesgos y proyecciones
Desde una mirada geopolítica, el desafío para el gobierno argentino no es menor. Por un lado, se posiciona como defensor de la legalidad internacional, la memoria y los derechos humanos. Por el otro, se expone a represalias diplomáticas, económicas o incluso cibernéticas por parte de Irán o sus aliados.
Además, esta escalada podría tensar aún más las relaciones con países del Sur Global, que ven con desconfianza la nueva política exterior de Milei, fuertemente alineada con Occidente y particularmente con Israel, en el marco de un conflicto bélico que divide aguas en la comunidad internacional.
Irán ya ha advertido que “se reserva el derecho legítimo de tomar las medidas necesarias” para proteger sus intereses. Si bien Khamenei no puede ser arrestado mientras mantenga su cargo, el mensaje judicial argentino es claro: la impunidad no será eterna, y la memoria por las víctimas de la AMIA sigue viva.
Pero el costo de esa memoria puede ser alto, y ahora el Gobierno deberá enfrentar las consecuencias —en el plano bilateral, regional y global— de haber encendido una mecha diplomática que, como tantas veces en la historia del caso AMIA, no tiene final previsible.
