Pese a que la Corte Suprema validó el avance de la causa Hotesur-Los Sauces, y ratificó que Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo deben sentarse en el banquillo de los acusados por lavado de dinero, dádivas y asociación ilícita, el inicio del juicio oral vuelve a quedar atrapado en las telarañas burocráticas y estructurales de Comodoro Py. Si no se fija una fecha antes de fin de año, uno de los jueces deberá ser reemplazado y el proceso podría postergarse —otra vez— indefinidamente.
Una justicia que se autoboicotea
La causa, que investiga el uso de las empresas familiares Hotesur (hotelería) y Los Sauces (inmobiliaria) como presuntas pantallas para reciclar dinero de la corrupción vinculada a la obra pública, debería estar ya en instancia de juicio. Sin embargo, la situación del Tribunal Oral Federal N°5, que debe encargarse del debate, pone en evidencia uno de los problemas más graves y persistentes del sistema judicial argentino: la inestabilidad estructural en los Tribunales Orales Federales.
Actualmente, el TOF 5 está compuesto por una sola jueza titular, Adriana Pallioti, y dos jueces subrogantes: José Michilini (quien ya sobreseyó a CFK en otra causa clave, el Pacto con Irán) y Nicolás Toselli, cuya subrogancia vence en diciembre. Si no se fija fecha de juicio antes de ese plazo, Toselli deberá ser reemplazado y todo el proceso podría volver a foja cero en cuanto a su organización, alargando aún más una causa que lleva más de siete años sin llegar a debate oral.
Del sobreseimiento exprés al limbo judicial
No es la primera vez que el expediente queda enredado en maniobras judiciales que benefician directamente a los acusados. En 2021, los jueces Obligado y Grünberg, que hoy están apartados del caso, decidieron sobreseer a Cristina Kirchner sin juicio oral, en una resolución ampliamente criticada por su carácter prematuro y su débil fundamentación. La Sala I de Casación, sin embargo, revocó ese fallo y ordenó reabrir la causa. La Corte Suprema ratificó esa decisión, dejando sin excusas a la Justicia federal para demorar la apertura del juicio.
Pero lejos de avanzar con celeridad, la maquinaria judicial volvió a encontrar un motivo para no moverse. Las vacancias, las subrogancias eternas —hay jueces subrogando otros tribunales desde hace hasta 9 años— y la falta de voluntad de algunos magistrados para asumir responsabilidades de alto voltaje político son parte del paisaje habitual de Comodoro Py.
El caso Hotesur-Los Sauces: una trama de retornos y blanqueo
La causa sostiene que las firmas de la familia Kirchner fueron utilizadas para recibir dinero de empresarios beneficiados por contratos públicos, como Lázaro Báez y Cristóbal López, a través de alquileres simulados de habitaciones o propiedades sin actividad real. Según los peritajes, entre ambas firmas se blanquearon al menos 110 millones de pesos (valores 2015) que provenían, presuntamente, de sobreprecios de la obra pública.
La maniobra, según los fiscales, fue sistemática y sostenida en el tiempo. A CFK se le imputa además el delito de dádivas, ya que la relación entre funcionaria pública y contratistas del Estado fue encubierta bajo operaciones comerciales ficticias.
¿Juicio o dilación infinita?
El enésimo obstáculo técnico vuelve a poner en duda si alguna vez habrá juicio oral en esta causa. Mientras tanto, la Justicia argentina sigue evidenciando una fragilidad funcional que pone en jaque su legitimidad. El caso Hotesur-Los Sauces no sólo expone posibles hechos de corrupción de la máxima figura política de las últimas dos décadas, sino que también muestra cómo el sistema judicial permite —por acción u omisión— que el poder político evite rendir cuentas.
¿Se trata de ineficiencia, de connivencia o de miedo? En cualquier caso, la consecuencia es la misma: la impunidad estructural se vuelve la regla, y no la excepción.
