La denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández enfrenta un giro inesperado: la propia querellante, Fabiola Yañez, interpuso un pedido para que el juez original, Julián Ercolini, continúe al frente del caso. El resultado: una paralización de la causa que pone en jaque la elevación al juicio oral y público.
Aquella investigación que parecía encaminada sufrió un fuerte revés cuando la Cámara Federal de Casación Penal aceptó apartar a Ercolini al considerar que podía existir riesgo de parcialidad. Ahora, Yañez —a través de sus abogados— pidió que ese apartamiento se revierta, argumentando que la defensa de Fernández busca “demorar el proceso y apartar al juez natural de la causa”.
Mientras ese cruce se define, la investigación queda en suspenso. El nuevo juez sorteado no podrá avanzar hasta que todo quede firme, y los plazos previstos para el juicio se extienden indefinidamente. Con ello, la acusación contra el expresidente pierde aceleración y gana tiempo para reorganizar su defensa.
La situación expone una jugada inesperada: la denunciante —quien denunció lesiones, amenazas y hostigamiento psicológico— reclama conservar al magistrado que envió al expresidente a proceso, mientras su adversario arma su estrategia apelando a nulidades y al cambio de juez. Al quedar todo enredado en cuestionamientos técnicos, lo que estaba cerca de un debate público entra en un letargo judicial.
La pregunta que queda flotando en el aire es contundente: ¿Quién gana con la demora? En este escenario, el acusado consigue más tiempo para definir su defensa; la víctima ve postergado su impulso hacia una instancia pública; y el sistema judicial queda atrapado entre mareas de recusaciones, apelaciones y maniobras de dilación.
Con el caso frenado a mitad de camino, todas las partes esperan la resolución de un trámite que hasta ahora parece menos burocrático que político. Y lo que estaba por ser un juicio histórico —el de un ex presidente en un caso de violencia de género— se transformó en un despacho cargado de disputas procesales.
