La Cámara Federal de San Martín ordenó la excarcelación de Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, quien había sido detenida tras participar de un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert. La decisión judicial pone un freno a lo que distintos sectores consideraron una reacción desmedida por parte del Poder Judicial frente a una protesta política.
Los jueces de Cámara revocaron así la resolución de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien había dispuesto primero la detención en el penal de Ezeiza y luego la prisión domiciliaria para Abaigar, en el marco de una causa por atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio político.
⚖️ ¿Qué dijo la Justicia?
La resolución de la Cámara fue clara: no existen razones jurídicas concretas que justifiquen mantener la privación de libertad de Abaigar mientras se investiga su participación en los hechos. Los jueces destacaron que:
- Colaboró voluntariamente con la investigación, entregando las claves de su celular y computadora.
- No hay riesgo procesal, es decir, no se comprobó que pueda entorpecer la causa o fugarse.
- No se identificaron diligencias probatorias sensibles que pudieran verse afectadas si recupera su libertad.
En ese sentido, el tribunal remarcó que mantenerla detenida sería una medida desproporcionada frente a la gravedad del hecho investigado, que en el peor de los casos podría tratarse de una contravención o infracción menor, más que de un delito penal grave.
📌 El contexto del caso
Abaigar fue detenida el 25 de junio luego de que un grupo de militantes realizara una protesta frente al domicilio del diputado José Luis Espert, que incluyó un pasacalle con críticas y estiércol arrojado en la vía pública. También fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas la concejala quilmeña Eva Mieri, militantes de organizaciones políticas y sociales.
La jueza Arroyo Salgado, además de ordenar las detenciones, autorizó allanamientos en instituciones públicas, lo que generó una fuerte reacción política y judicial.
🧑⚖️ Críticas y denuncias contra la jueza
La detención de Abaigar motivó una campaña pública por su liberación. El abogado defensor Daniel Llermanos denunció un accionar judicial arbitrario y con tintes ideológicos. Según él, se trata de una aplicación selectiva del poder penal para criminalizar la militancia política.
Al mismo tiempo, diputados nacionales del bloque Unión por la Patria, como Mariano Recalde y Vanesa Siley, presentaron una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Arroyo Salgado por “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones. La acusación incluye las detenciones “ilegales” y los procedimientos en espacios públicos sin justificación suficiente.
🧭 Un límite judicial en tiempos de tensión política
La resolución de la Cámara Federal puede leerse como un mensaje institucional: el derecho penal no puede ser utilizado como herramienta de persecución política ni para criminalizar expresiones de disenso, incluso cuando éstas se manifiesten con gestos simbólicos fuertes, como un escrache.
Más allá de las responsabilidades individuales que se puedan establecer en el marco del proceso, el fallo reafirma un principio básico del Estado de Derecho: la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla, y debe sustentarse en riesgos reales, no en presunciones políticas.
