Un fallo judicial de alto impacto político acaba de frenar uno de los ajustes implementados por el ministro de Economía Luis Caputo. La Justicia de La Plata ordenó restituir el Fondo Especial para Obras de Gas en la provincia de Buenos Aires, tras una demanda presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la disputa por el federalismo fiscal y deja expuestos los límites de la estrategia nacional de recorte que impulsa el presidente Javier Milei.
La jueza María Ventura Martínez del Juzgado Contencioso Administrativo N°4 otorgó una medida cautelar que obliga a cooperativas y distribuidoras de gas a volver a incluir en las boletas el impuesto creado por la Ley 8.474, destinado al financiamiento de obras de infraestructura de gas en el territorio bonaerense. Se trata de un tributo del 4% que fue eliminado en octubre de 2024 por resoluciones administrativas del gobierno nacional, bajo la órbita directa de Caputo y el ENARGAS.
El trasfondo político del fallo contra Caputo
El fallo va más allá de una disputa legal. En el fondo, cuestiona la legalidad del ajuste fiscal implementado por el gobierno libertario, que buscó desarticular herramientas provinciales de financiamiento sin pasar por el Congreso ni los poderes locales. Desde el gobierno bonaerense señalaron que la eliminación del fondo fue “una decisión arbitraria, ilegítima e inconstitucional, violatoria de la autonomía provincial”.
Luis Caputo, considerado el cerebro técnico del ajuste libertario, ya había eliminado transferencias discrecionales, frenado envíos a cajas previsionales y recortado subsidios energéticos sin acuerdo con las provincias. Ahora, la Justicia advierte que ese camino tiene límites: el federalismo no puede ser borrado por decreto.
La resolución también destaca que ni las empresas ni los usuarios habían cuestionado la constitucionalidad del impuesto, y remarca la existencia de una “práctica institucional sostenida”. En otras palabras, el cobro del fondo tenía plena legitimidad operativa y política.
Un conflicto entre Nación y Provincia que escala
El impacto económico para la provincia de Buenos Aires no es menor: el fondo representaba unos $40 millones mensuales, clave para obras como los gasoductos del sur, el noreste y la costa bonaerense. Tras el fallo, el gobierno de Kicillof anticipó que pedirá su aplicación retroactiva y que insistirá para que también se incluya a otras empresas aún no alcanzadas por la medida.
Gastón Ghioni, subsecretario de Energía bonaerense, fue categórico: “Este es el primer paso de una batalla que seguiremos dando. No se puede gobernar por resoluciones que violan leyes provinciales”.
¿Puede el ajuste libertario avanzar sobre las provincias?
El caso reabre un debate central en la Argentina actual: ¿hasta dónde puede llegar el gobierno nacional en nombre del ajuste? ¿Qué margen tiene para imponer su visión fiscal sobre las autonomías provinciales? La respuesta de la Justicia en este fallo marca un freno clave: el federalismo tiene límites institucionales que ni el ministro Caputo ni el plan de Milei pueden ignorar.
El conflicto sigue abierto y podría escalar si otras provincias siguen el ejemplo de Buenos Aires. Mientras tanto, el fallo deja claro que, incluso en tiempos de recorte, la legalidad sigue siendo un campo de disputa política.
