Una denuncia por un posible complot en la Policía Bonaerense sacudió el tablero político en la provincia de Buenos Aires. Veinticuatro oficiales fueron desafectados tras revelarse que trabajaban para Maximiliano Bondarenko, excomisario y ahora candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza, en una estructura paralela que operaba desde oficinas del Estado. El gobierno de Axel Kicillof sospecha de un intento de desestabilización institucional alentado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, quien confirmó sus vínculos con el exuniformado.
Una interna policial que escala al plano nacional
La maniobra fue calificada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, como un “golpe interno en gestación” dentro de la Bonaerense. La investigación, iniciada por una denuncia anónima y luego judicializada, reveló que los efectivos en cuestión recolectaban información sensible, gestionaban datos con intendentes y operaban políticamente desde sus cargos públicos, en favor de la campaña de Bondarenko.
El dato más explosivo: la estructura estaba coordinada desde un chat llamado “Rocket”, y habría existido financiamiento interno. Algunos mensajes harían alusión a la rebelión policial ocurrida en Misiones, lo que refuerza la idea de un posible efecto contagio o de un modelo de insubordinación promovido como herramienta política.
Patricia Bullrich admitió el vínculo político y lo defendió públicamente
Lejos de desmentir las acusaciones, Patricia Bullrich reconoció en una conferencia de prensa su trabajo político con Bondarenko: “Hace tiempo venimos trabajando en conjunto con Maxi”, declaró. El encuentro entre ambos tuvo lugar en el propio Ministerio de Seguridad y también estuvo presente Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei. La ministra justificó la relación como una “alianza con el alma policial”, reforzando su narrativa de cercanía con las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, desde el gobierno provincial rechazan con firmeza esta defensa, alegando que no se trata de persecución ideológica ni de “una caza de brujas”, como afirma el oficialismo nacional. “Trabajaban políticamente desde sus lugares de trabajo, con recursos del Estado. Eso es incompatible con el rol policial”, señaló Alonso. La legislación bonaerense prohíbe explícitamente la participación partidaria sin licencia previa.
El trasfondo político: Milei, Bullrich y la “familia policial” como base electoral
La jugada expone una estrategia deliberada de La Libertad Avanza para penetrar las estructuras policiales y capitalizar el malestar en temas de seguridad como plataforma electoral. El propio presidente Javier Milei ya había abonado esta línea en febrero, cuando acusó a Kicillof de haber generado un “baño de sangre” en la provincia y sugirió, sin atribuciones, que debía “dar un paso al costado”.
El caso Bondarenko se inscribe también en el relato oficialista de militarización de la política, en la que los efectivos de seguridad son presentados como héroes desoídos y víctimas del “kirchnerismo anti-policía”. El uso de eventos como La Derecha Fest, que ofrece entrada gratuita a policías y sus familias, refuerza este eje.
Bullrich, la campaña y la avanzada contra Kicillof
La ministra de Seguridad suena como posible candidata a senadora por CABA en las elecciones legislativas. Para posicionarse, necesita escalar su perfil público y confrontar directamente con figuras como Kicillof, quien es uno de los referentes más visibles del peronismo nacional. En ese marco, la acusación de “odiar a los policías” y de “estar del lado de los delincuentes” no es un exabrupto, sino parte de una estrategia electoral basada en la polarización y la seguridad como eje rector.
En paralelo, Bullrich aprovechó el escándalo para revivir viejas tensiones con el gobernador por hechos como el escrache a José Luis Espert, otro nombre fuerte de LLA en la provincia, y cuyo entorno presionó para encarcelar en el sistema federal a militantes peronistas.
¿Una operación encubierta o una infiltración partidaria?
Para la gestión bonaerense, lo que ocurrió excede lo electoral. Hay una preocupación real sobre el uso del aparato de seguridad como plataforma de campaña, lo cual vulnera la institucionalidad y genera riesgos democráticos.
Desde La Plata advierten que el operativo mediático busca deslegitimar a la conducción de la policía provincial y generar malestar en las bases, una fórmula ya utilizada en otros momentos históricos de conflicto policial.
Por su parte, Kicillof fue cauto pero firme: “Hay normas, hay leyes y hay que respetarlas”.
