El Gobierno nacional volvió a anunciar con tono triunfal un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones, pero la realidad es muy distinta. La ANSES confirmó una suba del 2,85% a partir de febrero, un ajuste insuficiente frente al costo de vida que golpea todos los días a los adultos mayores.
Con esta actualización, la jubilación mínima será de $359.254, y solo llegaría a $429.219 en caso de pagarse el bono extraordinario de $70.000, una ayuda precaria y discrecional que el Ejecutivo utiliza como parche. La PUAM quedará en $287.403 y las pensiones no contributivas rondarán los $251.453, cifras que condenan a miles de jubilados a sobrevivir con lo justo.
El aumento se aplica bajo el esquema de movilidad mensual impuesto por decreto, que en los hechos licúa los haberes y siempre corre detrás de la inflación. Aunque el Gobierno celebra que el IPC de 2025 fue del 31,5%, los jubilados no vieron ninguna mejora real: alimentos, transporte y servicios siguen subiendo muy por encima de sus ingresos.
Mientras el oficialismo se aferra a proyecciones optimistas, la realidad es otra: los jubilados siguen siendo la principal variable de ajuste, atrapados entre aumentos mínimos y discursos que no llenan la heladera.
