Este lunes 28 de julio de 2025 la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dictará el veredicto del histórico juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos. El fallo pondrá fin a un proceso que se inició en 2012 y que ha sido ampliamente seguido por la sociedad colombiana y por un país polarizado.
Uribe, jefe del partido Centro Democrático y expresidente entre 2002 y 2010, podría convertirse en el primer exmandatario condenado en Colombia si la jueza lo encuentra responsable. Durante cinco meses de audiencias se presentaron cerca de 90 testigos, incluyendo a Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, cuyos testimonios la togada ha considerado creíbles y respaldados también por pruebas como las grabaciones de relojes espía aceptadas por el tribunal como válidas. La justicia rechazó los intentos de la defensa de excluir esas interceptaciones.
El juicio comenzó en febrero de 2025 y representa la culminación de un largo proceso judicial que incluyó medidas como la detención domiciliaria impuesta a Uribe en agosto de 2020 por obstrucción a la justicia, así como múltiples solicitudes de preclusión que fueron rechazadas. El caso fue reabierto en 2024 con acusaciones formales por parte de la Fiscalía contra Uribe, tras abundante material probatorio y análisis de testimonios clave.
El veredicto se anunciará desde el complejo judicial de Paloquemao, y aunque Uribe no estará presente físicamente, seguirá la lectura de forma virtual. La decisión de Heredia corresponde a la primera instancia y podría ser apelada por cualquiera de las partes a instancias superiores, como el Tribunal Superior de Bogotá o la Corte Suprema de Justicia, nivel en el que se podría definir la resolución definitiva antes de octubre de 2025.
Este caso no solo implica consecuencias penales para Uribe, sino que también abre un debate sobre la independencia judicial, la politización del sistema y el impacto en el próximo ciclo electoral en Colombia. El fallo supone un momento clave que podría catalizar cambios institucionales profundos o, en caso de absolución, reforzar la narrativa de victimización del uribismo.
