La crisis económica no da tregua y los datos lo confirman: en lo que va del 2025, el poder de compra de la canasta básica cayó hasta un 15% en términos reales.
El brutal ajuste del gobierno de Javier Milei, que incluye una licuación de ingresos y una inflación persistente, golpea directamente a los sectores más vulnerables, que ven cómo sus salarios se esfuman mientras los precios no dejan de subir.
Según un relevamiento de la consultora PxQ, la pérdida de poder adquisitivo es particularmente grave en los ingresos informales, donde la caída interanual llega al 30%. Los datos del INDEC muestran que, en abril, una familia necesitó más de $850.000 para no ser considerada pobre, cifra que no se condice con los sueldos promedio de gran parte de la población.
Mientras tanto, el gobierno sostiene su política de ajuste fiscal como bandera, desentendiéndose del deterioro social. Las medidas implementadas, lejos de ordenar la economía, parecen haber acentuado las desigualdades. El supuesto “shock de confianza” prometido por el presidente no se tradujo en mejoras para la mayoría, sino en un escenario donde cada vez más argentinos deben elegir entre comer o pagar los servicios.
El impacto no es sólo estadístico, sino real y cotidiano: crece el endeudamiento de las familias, se multiplican los comedores populares y se estanca el consumo interno. La narrativa oficial habla de “sacrificio necesario”, pero los números revelan que el costo del ajuste lo paga, como siempre, el pueblo trabajador.
