La ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner suma un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia le pidió al procurador interino Eduardo Casal que dictamine sobre el pedido del fiscal Mario Villar, quien busca duplicar la condena contra la expresidenta e inhabilitarla para ejercer cargos públicos. La movida judicial, cargada de significación política, pone en juego no solo el futuro de CFK, sino también la transparencia e imparcialidad del máximo tribunal del país.
¿Justicia o maniobra política?
En la causa Vialidad, Cristina Kirchner fue condenada por “administración fraudulenta”, pero ahora el fiscal Villar –respaldado por Diego Luciani y Sergio Mola– exige que se la acuse por “asociación ilícita”, lo que elevaría la pena de seis a doce años, además de aplicar una inhabilitación perpetua.
La Corte no estaba obligada a acelerar esta decisión, pero eligió hacerlo justo después de que La Nación insinuara que los jueces estaban “reteniendo” la causa y permitiendo que Cristina pudiera ser candidata. El mensaje parece claro: los tiempos del Poder Judicial no son jurídicos, son políticos.
Un juego de ajedrez en el que la Corte mueve las piezas
Actualmente, hay 17 recursos pendientes en esta causa. Sin embargo, la Corte eligió pedir dictamen solo sobre el recurso del fiscal y no sobre las defensas, lo que refuerza la idea de una estrategia orientada a golpear a la líder del peronismo.
No fijó plazos, aunque fuentes judiciales afirman que Casal podría responder en menos de un mes. Si bien su dictamen no es vinculante, funcionará como una señal política clave en un año electoral.
El calendario electoral en la mira
Lo que está en juego es claro: si la Corte confirma la condena antes del cierre de listas, Cristina Kirchner podría quedar fuera de carrera. Si no lo hace a tiempo, y CFK se postula, obtendría fueros como legisladora y no podría ser arrestada.
La Corte ya ha mostrado en otros casos su capacidad de manejar los tiempos según la conveniencia: tardó tres años y medio en cerrar la causa del “Dólar Futuro” con un sobreseimiento, pero solo seis meses en confirmar la condena a Amado Boudou en “Ciccone”.
Un fallo que podría cambiar el escenario político
En “Vialidad”, se acusa a Cristina de haber direccionado obras públicas en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, aunque no se realizaron peritajes técnicos sobre las 51 obras, ni se compararon con trabajos de otros contratistas. El proceso estuvo cargado de irregularidades: jueces que se reunían con Mauricio Macri, pruebas que nunca se exhibieron en el juicio, y una defensa que no pudo responder ante evidencias presentadas fuera de las audiencias.
¿Proscribir por la vía judicial?
La jugada de la Corte reaviva la preocupación sobre el uso del aparato judicial para condicionar al electorado y limitar la participación política de dirigentes opositores. La estrategia es clara: judicializar para proscribir. No se trata solo de Cristina Kirchner, sino del rol que está asumiendo la Justicia como actor político clave en la Argentina.
