El Gobierno de Javier Milei anunció, mediante el decreto 373/2025, una modificación en el sistema de asistencia a personas en situación de calle. A partir de ahora, la responsabilidad directa de atender esta problemática recae en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el Estado nacional se limitará a funciones de coordinación, supervisión y, en casos excepcionales, asistencia financiera. Esta medida fue comunicada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que argumentó la necesidad de un enfoque más territorial y eficiente
La nueva normativa también modifica la autoridad de aplicación de la ley, que ahora será la mencionada Secretaría, encargada de establecer directrices generales. El decreto establece que la intervención nacional será subsidiaria y complementaria, actuando solo cuando las jurisdicciones locales no dispongan de los recursos necesarios. Además, se enfatiza la necesidad de mecanismos que garanticen la transparencia en el uso de los fondos transferidos.
Esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones sociales y sectores que trabajan con personas en situación de calle, especialmente ante la llegada del invierno. Críticos de la medida señalan que podría desarticular las redes de contención existentes y dejar a muchas personas sin la asistencia necesaria en un momento crítico. El gobierno, por su parte, sostiene que la descentralización permitirá una atención más eficaz y adaptada a las realidades locales.
