En una nueva medida que beneficia a las empresas y complica a los usuarios, el Gobierno nacional modificó el funcionamiento del Botón de Arrepentimiento, habilitando a los proveedores a pedir información adicional cuando un consumidor quiera dar de baja un servicio.
La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, y permite a las compañías exigir datos extra para “verificar la identidad” del usuario. Según el argumento oficial, el objetivo es prevenir fraudes y reforzar la seguridad, aunque en la práctica se abren nuevas trabas para cancelar servicios.
La norma establece que el consumidor deberá cumplir los pasos definidos por cada empresa para gestionar la baja. Si bien el Gobierno asegura que los requisitos deberán ser “razonables”, la experiencia indica que estas validaciones suelen traducirse en demoras, formularios extensos y obstáculos burocráticos.
El cambio contradice el espíritu original del Botón de Arrepentimiento, creado para simplificar cancelaciones sin trámites adicionales. Aunque la Ley de Defensa del Consumidor mantiene que la rescisión debe hacerse por el mismo canal de contratación, el nuevo esquema deja al usuario a merced de las reglas empresariales.
Una vez más, el Ejecutivo flexibiliza controles y corre el eje de la protección al consumidor, mientras las empresas ganan margen para retener clientes a cualquier costo.
