El Gobierno de Javier Milei vuelve a cargar contra el Estado y contra miles de familias que dependen de él. Mientras la crisis golpea cada vez más fuerte, la Casa Rosada ya dejó caer más de 60.000 puestos en apenas dos años y ahora prepara un nuevo hachazo del 10% para 2026, una poda que promete dejar aún más organismos paralizados y trabajadores en la calle.
Según datos revelados por la analista Cecilia Boufflet, el empleo público cayó un 17%, una sangría silenciosa que el Gobierno celebra mientras evita hablar del impacto real en servicios, oficinas cerradas y trámites que se desmoronan. De Correo Argentino, con más de 5.000 puestos perdidos, a ARCA (ex AFIP) con más de 3.000, pasando por organismos clave como ANSES, PAMI, Ferrocarriles, Banco Nación y hasta el CONICET, el ajuste arrasó sin miramientos.
Las bajas, disfrazadas de retiros voluntarios y no renovaciones, avanzaron con una “conflictividad baja”, como si la falta de protestas fuera sinónimo de justicia y no de miedo. El desmantelamiento sigue: Aerolíneas perdió 1.800 empleados, AYSA casi 1.600, y las empresas públicas suman más de 20.000 desocupados.
Pero mientras el discurso de “Estado más chico” se repite, hay excepciones que huelen mal: Presidencia es la que más creció en personal, gracias a la concentración de áreas en la órbita del Ejecutivo. Un Estado para pocos, pero más grande donde conviene.
La promesa oficial es profundizar el ajuste en 2026. La realidad es otra: un país con menor capacidad de respuesta, trabajadores expulsados y un Gobierno que celebra números mientras la calle acumula silencios, bronca y puertas cerradas.
