El Gobierno de Javier Milei prepara un decreto para intervenir políticamente en el CONICET, el principal organismo de ciencia y técnica del país. A través de una modificación en la estructura de su directorio, el Ejecutivo busca imponer una agenda ideológica en la producción científica, desplazando a las universidades y a la comunidad investigadora de la toma de decisiones.
Con esta medida, la Casa Rosada profundiza su ofensiva contra la investigación pública y las Ciencias Sociales, a las que considera improductivas o directamente “ridículas”, en línea con la narrativa antiprogresista que caracterizó al espacio libertario desde la campaña electoral.
🎯 El objetivo político: controlar qué se investiga y para qué
Según trascendió desde Balcarce 50, el nuevo decreto —que se publicaría en las próximas semanas— apunta a reestructurar el directorio del CONICET, ampliando su composición para licuar el peso de los representantes académicos y científicos, y otorgar mayor control al Ejecutivo nacional.
“El Gobierno quiere decidir qué se investiga, cómo se investiga y con qué recursos”, reveló una fuente oficial al medio El Destape. La intención es dirigir los fondos públicos únicamente hacia líneas “productivas”, bajo una lógica de mercado, deslegitimando décadas de trabajo científico orientado al desarrollo humano, social y ambiental.
🧪 ¿Fin de la autonomía científica? El CONICET, bajo amenaza de intervención
Actualmente, el CONICET cuenta con más de 26.000 trabajadores en todo el país y abarca áreas clave como Ciencias Exactas, Biológicas, Agrarias, Ingeniería, Sociales y Humanidades. Su directorio está compuesto por representantes de universidades, sectores industriales y científicos, elegidos por concurso.
Con la reforma impulsada por Milei, esa lógica participativa será reemplazada por un esquema centralizado, vertical y subordinado al Ejecutivo, encabezado por el actual presidente del organismo, Daniel Salamone, un hombre alineado con la visión libertaria y cercano al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
🧨 Ataque a las Ciencias Sociales: un ajuste ideológico más que fiscal
Aunque el Gobierno sostiene que el cambio busca “eficiencia”, el verdadero blanco parece ser el pensamiento crítico y la producción académica en áreas como historia, antropología, estudios de género, comunicación o política. Las Ciencias Sociales fueron ridiculizadas por el oficialismo desde 2023, cuando en redes libertarias se viralizaban burlas a estudios sobre “el ano de Batman” o investigaciones cinematográficas.
El vaciamiento del CONICET no es solo económico: es político. Se trata de una estrategia para disciplinar el conocimiento y restringirlo a lo funcional al mercado o al dogma libertario, excluyendo toda producción que cuestione las desigualdades, el rol del Estado o las políticas de ajuste.
🏛️ ¿El modelo se extiende? INTI e INTA, próximos en la lista
Fuentes oficiales dejaron entrever que el Gobierno replicará este esquema en otros organismos clave como el INTI (tecnología industrial) y el INTA (tecnología agropecuaria). La táctica será la misma: modificar los órganos de gobernanza para intervenir las agendas técnicas y subordinar la investigación a los intereses del Ejecutivo y de actores privados.
En la práctica, esto podría significar la desarticulación de la ciencia pública como herramienta de soberanía nacional, abriendo el paso a su privatización o desfinanciamiento.
📌 Conclusión SEO: Milei interviene el CONICET y abre un conflicto político con el sistema científico
La intervención del CONICET por parte del Gobierno de Javier Milei consolida una avanzada política sobre la ciencia pública, con el objetivo de instalar un modelo utilitarista, ideologizado y funcional al ajuste.
Este cambio de paradigma rompe el pacto institucional que sostuvo por décadas la autonomía de los científicos argentinos, y genera un escenario de conflicto con universidades, centros de investigación y sectores productivos que dependen de la innovación estatal.
La medida tensiona el vínculo entre el gobierno y el sistema científico-tecnológico nacional, y marca un nuevo capítulo en el desmantelamiento del Estado como garante de derechos, conocimiento y desarrollo independiente.
