El Gobierno avanzó con lo que muchos temían: un recorte feroz que dejará a los argentinos pagando luz, gas y garrafas a precios imposibles. Desde 2026, Milei eliminará la histórica red de subsidios y la reemplazará por un sistema “simplificado” que, en verdad, parte el país entre privilegiados y abandonados.
La segmentación muere y nace una regla brutal: el que no cumple los requisitos, paga todo. Así, miles de familias que viven ahogadas por la inflación quedarán expuestas a un tarifazo que el Ejecutivo vende como “sinceramiento”, pero que es, en realidad, un ajuste despiadado sobre los hogares.
El umbral para acceder al beneficio será tan restrictivo que millones quedarán afuera. El Gobierno se jacta de haber detectado “irregularidades”, pero oculta que la depuración del padrón se utiliza como excusa para recortar sin piedad la ayuda social.
Las bonificaciones serán mínimas y por tiempo limitado. Desde enero, el alivio temporal del 25% se irá evaporando hasta desaparecer en diciembre, dejando a la gente frente a facturas que exhibirán, sin filtro, el precio más duro de la energía.
Mientras Milei presume “disciplina fiscal”, la realidad es que traslada el costo total del sistema a los usuarios, que deberán bancar aumentos que pueden pulverizar salarios y jubilaciones. El objetivo oficial es reducir los subsidios al 0,5% del PBI, aunque eso implique empujar a miles al borde de la pobreza energética.
El Gobierno insiste en que no habrá cortes masivos, pero especialistas alertan que la infraestructura sigue en crisis. En un país golpeado, este nuevo esquema no es una reforma: es una sentencia que convierte un derecho básico en un lujo que pocos podrán pagar.
