El Gobierno vuelve a tensar la cuerda con las universidades y ahora, en medio de un verano caliente, decidió extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero para meter a último momento una “nueva” Ley de Financiamiento Universitario. Todo, por decreto y sin sonrojarse.
La administración de Javier Milei sumará el proyecto al temario en las próximas horas, en una jugada que busca maquillar el brutal ajuste que asfixia a las casas de estudio mientras declama equilibrio fiscal. Después de apelar la cautelar que obliga a aplicar la ley votada en 2024, ahora el Ejecutivo intenta reescribirla a su medida.
Puertas adentro, en Casa Rosada, hablan de “hacerla implementable”. Afuera, docentes, estudiantes y rectores denuncian que el financiamiento no alcanza ni para pagar la luz. El conflicto escaló con marchas multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, tras el veto presidencial que dejó a las universidades al borde del colapso.
Mientras tanto, el oficialismo celebra sus victorias legislativas y acelera la reforma laboral, pero el frente universitario sigue ardiendo. El nuevo decreto no solo ampliará las extraordinarias: también pondrá a prueba hasta dónde puede avanzar el Gobierno con su motosierra sobre uno de los pilares históricos de la educación pública argentina.
