El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la disolución definitiva del plan PROCREAR, uno de los pocos programas de acceso a la vivienda que habían perdurado en el tiempo con cierto grado de federalismo y transparencia. La medida, lejos de limitarse a una cuestión administrativa, implica una profunda reconfiguración del rol del Estado en la política habitacional: en lugar de garantizar el derecho a la casa propia, ahora transfiere propiedades construidas para familias a las Fuerzas Federales de Seguridad.
A través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, se reglamentó la liquidación del Fondo Fiduciario Público PROCREAR —creado en 2012 y disuelto por el Decreto 1018/24 de noviembre de 2024— y se ordenó la transferencia de los bienes no utilizados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Aunque el programa se encontraba en franco retroceso desde fines de 2023, esta resolución oficializa su entierro. Lo hace además con un giro alarmante: las viviendas que no fueron entregadas a los adjudicatarios serán destinadas a personal de las fuerzas de seguridad, según denunciaron referentes políticos y sociales. En Avellaneda, por ejemplo, se confirmó que 160 viviendas del edificio Sagol, ya adjudicadas a familias, pasarán a manos de las fuerzas federales.
“Como en las épocas más oscuras, las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles”, denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador. Las declaraciones no son menores: apelan a la memoria de un país que conoce bien los peligros de un Estado que prioriza el control sobre el bienestar.
Un modelo de exclusión
La decisión no es aislada ni meramente técnica. Se inscribe en un modelo económico y social que desarma sistemáticamente las herramientas del Estado destinadas a los sectores medios y populares, mientras refuerza el aparato represivo. El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, instruyó al Banco Hipotecario —histórico fiduciario del plan— a seguir cobrando cuotas de los créditos otorgados, pero también a vender carteras con baja cobrabilidad y transferir fondos al Tesoro Nacional. Es decir, el negocio continúa, pero sin ninguna política habitacional asociada.
Incluso los aspectos judiciales vinculados al PROCREAR quedarán ahora bajo la órbita de la Subsecretaría Legal del Ministerio, lo que muestra el desinterés por mantener una política de acompañamiento o defensa de los derechos de los adjudicatarios.
El fin de un sueño colectivo
Desde su creación en 2012, el PROCREAR representó para miles de familias la posibilidad concreta de acceder a la vivienda propia. A través de sorteos, créditos accesibles y desarrollos urbanísticos federales, el Estado asumía un rol activo en una de las problemáticas más críticas de la Argentina: el déficit habitacional.
Con esta resolución, se confirma no solo el desmantelamiento del programa, sino también una regresión ideológica profunda: la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un bien negociable o un premio para sectores alineados políticamente con el gobierno.
La decisión de transferir casas a las Fuerzas de Seguridad, además, envía un mensaje político inquietante: en un contexto de creciente conflictividad social, el gobierno decide privilegiar a quienes sostienen el orden, en detrimento de quienes aspiraban legítimamente a mejorar sus condiciones de vida.
Entre el ajuste y el autoritarismo
La eliminación del PROCREAR es una más entre tantas medidas que desmantelan las políticas públicas con sentido redistributivo. Pero esta vez, el ajuste no se traduce solamente en recortes presupuestarios: se traduce en desalojos simbólicos y reales, en el fin de expectativas de progreso, en la consolidación de un país más desigual, más excluyente y más violento.
Mientras tanto, el gobierno de Milei celebra la eficiencia de su motosierra. Pero lo que para la macroeconomía es “eficiencia”, para miles de familias representa la pérdida de su única oportunidad de acceder a una vivienda digna.
