El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar contra las cuerdas. Tras un fallo judicial, la Casa Rosada se vio forzada a reglamentar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una norma que el propio Ejecutivo había mantenido congelada en nombre del ajuste fiscal.
Desde el oficialismo admitieron que la decisión no fue voluntaria. La reglamentación llegó luego de una orden del Juzgado Federal de Campana, que declaró inválida la maniobra del Gobierno de promulgar la ley pero suspender su aplicación. En Balcarce 50 fueron claros: si la Justicia obliga, el Ejecutivo acata.
Ajuste primero, derechos después
Mientras cumple a regañadientes con discapacidad, el Gobierno mantiene frenadas otras dos leyes clave: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica. Ambas están vigentes, pero sin aplicación concreta. El motivo vuelve a ser el mismo: el impacto fiscal.
Funcionarios reconocen que ponerlas en marcha afectaría el objetivo del déficit cero, incluso a costa de salarios docentes, becas estudiantiles y el sistema de salud infantil. Esta postura ya provocó una ola de amparos y fallos judiciales en favor de las universidades nacionales.
Presión judicial y retroceso oficial
La reglamentación de la emergencia en discapacidad se firmó sobre el límite del plazo judicial y con una aclaración llamativa: el Gobierno asegura que cumple el fallo “sin reconocer hechos ni derechos”, dejando en evidencia su resistencia política a la norma.
Desde el Ejecutivo insisten en que no desconocerán órdenes judiciales, aunque aclaran que seguirán buscando alternativas legales para frenar o derogar las leyes que, según su mirada, ponen en riesgo el equilibrio fiscal.
Sin apoyo político para avanzar
Incluso dentro del propio oficialismo reconocen que insistir con la derogación de las leyes de universidades y pediatría es inviable. Sectores aliados, como la UCR, ya anticiparon que no acompañarán una nueva avanzada contra la educación pública y la salud.
Algunos referentes admiten que el costo político sería alto y que no hay margen legislativo para avanzar. Aun así, el ala dura del Gobierno no descarta volver a la carga durante las sesiones ordinarias.
Un Gobierno empujado por los jueces
La escena se repite: Milei ajusta, la Justicia interviene y el Ejecutivo retrocede. La Emergencia en Discapacidad avanza por obligación judicial, mientras pediatría y universidades siguen atrapadas en la lógica del recorte. Una gestión que responde más a los tribunales que a las urgencias sociales.
