El Gobierno de Javier Milei volvió a tensar la cuerda con los trabajadores públicos. En medio del paro nacional de ATE, la Casa Rosada confirmó que descontará el día a todos los empleados que se sumen a la protesta, una medida que profundiza el clima de confrontación mientras el oficialismo prepara una reforma laboral cuyos detalles aún mantiene ocultos.
Desde la mañana, miles de estatales se movilizan en la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que, según sus cálculos, perdieron un 32% del poder adquisitivo en menos de dos años. Sin embargo, lejos de abrir una instancia de diálogo, el Gobierno responde con sanciones, denuncias y un nivel de hostilidad que ya reavivó todos los conflictos sindicales.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, afirmó que la reforma laboral está directamente ligada al acuerdo comercial con Estados Unidos: “Quieren que trabajemos más y por menos plata para abaratar el saqueo”, denunció. También advirtió que la administración Milei busca desmantelar áreas clave del ex Ministerio de Trabajo para facilitar futuros recortes y eliminar controles sobre las patronales.
La tensión escaló aún más cuando Patricia Bullrich denunció penalmente a Aguiar por supuestas amenazas al orden constitucional. Desde el gremio lo consideran un intento de intimidación y parte del “manual de disciplinamiento” del Gobierno. Aun así, Aguiar respondió que no retrocederán y que cualquier incidente durante la movilización será responsabilidad exclusiva del oficialismo.
Mientras banderas y bombos cubren las calles, la Casa Rosada redobla su discurso: “El que las hace, las paga”, advirtió el subsecretario de Prensa. Con un país cada vez más polarizado, la conflictividad social ya es el paisaje habitual de una gestión que gobierna a pura tensión y sin señales de moderación.
