El gobierno de Javier Milei, a través de decretos dictados por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en las últimas horas de vigencia de sus “facultades delegadas”, disolvió, fusionó o transformó 21 organismos públicos como parte de un ajuste que busca reducir el Estado y recortar el gasto, según se oficializó hoy en el Boletín Oficial.
Entre los entes afectados se encuentran dependencias clave: la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (cuyas funciones pasarán a Gendarmería y al Ministerio de Transporte), la Comisión Nacional del Tránsito, el FONDEP, delegaciones sanitarias federales, el Instituto Nacional del Cáncer y el INTI e INTA, entre otros. En total, se operaron cierres definitivos, unificaciones y reubicaciones para el personal en otras áreas del Estado, mientras que bienes e inmuebles serán asignados a la Agencia de Bienes del Estado o vendidos.
El Ejecutivo justifica la medida aludiendo a la eliminación de “estructuras ineficientes”, supuestas duplicaciones de funciones y la necesidad de optimizar costos administrativos. Las tareas de mantenimiento, regulación y control se centralizarán en los ministerios correspondientes . Sin embargo, gremios como Vialidad advirtieron que la medida pone en riesgo rutas nacionales y amenaza puestos de trabajo.
A pesar de que el Gobierno presume haber ahorrado US$ 2.000 millones en operación estatal y habla de un Estado ‘más eficiente’, la medida se suma a otras iniciativas como la fusión de entes reguladores de energía, transporte y salud, la eliminación de fondos fiduciarios y la conversión de organismos técnicos en unidades ministeriales. El ajuste abrupto y concentrado en pocas horas exacerba temores sobre la falta de debate institucional, impacto en servicios públicos esenciales y debilitamiento de controles técnicos y sociales.
