El presidente Javier Milei volvió a usar el argumento del déficit fiscal para justificar su veto a leyes clave de asistencia social: la emergencia en discapacidad y las mejoras en jubilaciones. A través del decreto 534/2025, el Gobierno bloqueó estas iniciativas y amenazó con vetar otros proyectos sociales que la oposición intentará avanzar esta semana, en un contexto político y económico cada vez más tenso.
La excusa fiscal y el impacto económico
El Ejecutivo sostiene que las leyes aprobadas implicarían un aumento del gasto público cercano al 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para el año próximo, un costo que según Milei es insostenible. Este argumento fiscalista, aunque técnicamente relevante, desconoce el peso social de estas medidas en sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad, cuya situación económica se agrava con la inflación y el aumento del desempleo.
Al vetar el aumento de emergencia del 7,2% para jubilados y el bono permanente, así como la actualización del nomenclador para discapacitados, el Gobierno opta por priorizar la preservación del equilibrio macroeconómico sobre las demandas sociales urgentes, acentuando la percepción de un ajuste rígido y poco sensible a la crisis que atraviesan amplios sectores de la población.
La pulseada política: veto contra oposición
El comunicado oficial acusa a la oposición de realizar “propuestas irresponsables” y de buscar “una ruptura del orden macroeconómico”, en plena campaña electoral. El veto se convierte en una herramienta política que profundiza la fractura entre el Ejecutivo y el Congreso, donde la oposición intenta avanzar con iniciativas que tienen un claro respaldo social, pero que chocan con la rígida postura del Gobierno.
El bloqueo incluye críticas al procedimiento legislativo y denuncia “irregularidades” en la sesión del Senado, lo que refuerza la tensión política y abre la puerta a una batalla institucional en el corto plazo. Mientras tanto, Milei negocia con gobernadores y bloques para consolidar su mayoría y sostener los vetos, lo que pone en evidencia un Parlamento fragmentado y polarizado.
¿Qué implican las leyes vetadas?
- Ley de jubilaciones: proponía un aumento único del 7,2%, la creación de un bono mensual de $110.000 ajustable, y transferencias para fortalecer las cajas previsionales provinciales.
- Ley de moratoria previsional: reinstalaba el Plan de Pago de Deuda Previsional por dos años, flexibilizando requisitos para acceder a la jubilación y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
- Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, establecía una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y una compensación para prestadores del sistema.
Estas medidas apuntaban a mitigar la pérdida del poder adquisitivo y responder a necesidades urgentes, en un contexto de crisis económica y social.
El escenario económico y social que enfrenta Milei
El veto se produce en un marco de creciente desempleo, inflación persistente y fuerte deterioro de los ingresos populares. La negativa a ampliar el gasto social por motivos fiscales contrasta con la decisión del Gobierno de mantener un ajuste estricto, profundizando la desigualdad y la conflictividad social.
Desde el punto de vista económico, la postura del Ejecutivo puede interpretarse como un intento de cuidar la confianza de los mercados y evitar una mayor presión sobre el dólar y la inflación, pero a costa de sacrificar políticas sociales indispensables para la estabilidad interna.
Conclusión
El veto de Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y mejoras jubilatorias no solo refleja una estrategia económica de ajuste rígido, sino también un claro choque político con la oposición y los sectores populares. La frase “no hay plata” se vuelve un mantra que sintetiza la tensión entre la exigencia social y las prioridades del Gobierno, que busca imponer un orden fiscal estricto en medio de un clima electoral y social cada vez más complejo.
