El Gobierno vuelve a quedar contra las cuerdas: Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, llegó a Comodoro Py para ser indagado por un esquema de corrupción que, según la fiscalía, operó sin freno durante su gestión. Un caso que expone, una vez más, el deterioro interno de una administración que prometió transparencia y hoy enfrenta otro bochorno.
El dictamen del fiscal Franco Picardi lo menciona 26 veces y lo describe como “clave y fundamental” en una red de retornos, compras direccionadas y desvío de fondos. Lo más grave: todo dentro de un organismo destinado a asistir a personas con discapacidad, convertida —según los investigadores— en la caja chica de unos pocos.
Chats, audios y movimientos de dinero dibujan un escenario escandaloso. Spagnuolo habría operado junto a su segundo, Daniel Garbellini, y bajo la influencia del empresario Pablo Atchabahian, quien manejaba decisiones sin tener cargo público. Una estructura paralela que movía millones mientras el Gobierno miraba hacia otro lado.
Las pruebas son demoledoras: una mochila, cinco millones de pesos en efectivo, ingresos a casas de empresarios captados por cámaras, una caja de seguridad con 82 mil dólares y 2.950 euros sin declarar, gastos mensuales que superaban los 4 millones de pesos y una refacción lujosa en su vivienda que tampoco figuraba en sus declaraciones.
Para completar el cuadro, la fiscalía detectó cambios constantes de celulares, chats borrados y movimientos sospechosos que buscaban frenar el avance del expediente.
Aunque el fiscal pidió su detención, el juez Sebastián Casanello decidió llamarlo a indagatoria. Un paso que deja al Gobierno nuevamente expuesto, atrapado en un entramado que contradice todos sus discursos de “austeridad” y “fin de la casta”.
