El fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, fue dado de alta este lunes tras permanecer internado casi tres meses en el Hospital Ramos Mejía, producto de las graves heridas sufridas durante una protesta frente al Congreso. El 12 de marzo, Grillo fue alcanzado en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por fuerzas de seguridad federales, en el marco de una marcha pacífica en defensa de los jubilados.
La represión dejó secuelas severas: múltiples fracturas de cráneo, pérdida de masa encefálica y la necesidad de varias intervenciones quirúrgicas. Ahora, Grillo continuará su rehabilitación en el Hospital Manuel Rocca, donde estará internado durante la semana y recibirá el alta los fines de semana. Su evolución determinará cuándo podrá someterse a una cirugía programada para tratar un cuadro de hidrocefalia.
Durante su salida del Ramos Mejía, familiares, amigos y colegas lo acompañaron con aplausos y muestras de afecto. Su padre compartió que, luego de 55 días en terapia intensiva, el avance de su estado es alentador, aunque el proceso de recuperación será largo.
El caso de Grillo reavivó las críticas al accionar de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. A pesar de las pruebas y testimonios que señalan un uso desproporcionado de la fuerza, la ministra Patricia Bullrich no sólo respaldó el operativo, sino que evitó cualquier autocrítica. Desde organismos de derechos humanos hasta asociaciones de prensa exigieron una investigación independiente y sanciones a los responsables.
En un contexto de creciente criminalización de la protesta social, lo ocurrido con Grillo se transforma en un símbolo del peligro que enfrentan quienes documentan y participan en reclamos legítimos. La falta de respuestas institucionales agrava el cuadro y deja al descubierto una política de seguridad que prioriza la represión sobre el respeto a los derechos civiles.
