Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un veto parcial a las leyes votadas en el Congreso, argumentando que ponen en riesgo el superávit fiscal, los datos oficiales desmienten esa narrativa. Los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y estudios privados revelan que el impacto fiscal real de los proyectos aprobados es mucho menor al difundido por el Ejecutivo.
Veto a medida del FMI: la política detrás del ajuste
El presidente Milei anunció que vetará cualquier norma que comprometa la meta de superávit del 1,6% del PBI, en línea con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión, de alto costo social y político, responde más a una señal hacia los mercados internacionales y el organismo de crédito que a una verdadera imposibilidad de financiamiento.
¿Cuánto cuestan realmente las leyes votadas?
Según la OPC, el costo total del paquete previsional (aumento de haberes, bono y moratoria) representa solo el 0,41% del PBI. A eso se suma el impacto de la emergencia en discapacidad, estimado en un máximo del 0,51% del PBI. En conjunto, el gasto no supera el 0,92% del PBI, muy por debajo del 2,5% denunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Incluso si se sumaran los proyectos de coparticipación de impuestos y ATN impulsados por los gobernadores, el gasto total ascendería a 1,15% del PBI, todavía compatible con la meta de superávit.
Economía vs. política: ¿ajuste necesario o relato ideológico?
Los datos muestran que el Gobierno podría cumplir con sus compromisos fiscales y, al mismo tiempo, proteger a los sectores más vulnerables, como jubilados y personas con discapacidad. Sin embargo, Milei optó por una postura intransigente, priorizando la señal ideológica de “no ceder ante el gasto público” por sobre las necesidades sociales.
Este enfoque revela una estrategia política orientada a sostener la narrativa del ajuste heroico, aun cuando las cifras no lo justifican. En términos económicos, se trata más de una decisión simbólica que financiera: el costo de las leyes es manejable, pero el gobierno necesita mostrar ante el FMI y los inversores que no tolerará ninguna presión del Congreso.
Conclusión: el superávit como bandera política
Lejos de tratarse de un problema de números, el veto presidencial responde a una construcción política del ajuste, en la que el equilibrio fiscal es utilizado como excusa para disciplinar al Congreso y limitar el debate democrático sobre políticas redistributivas.
Mientras tanto, la mayoría parlamentaria logró aprobar leyes con amplio respaldo político y bajo impacto fiscal, que el oficialismo busca deslegitimar con cifras infladas. En este contexto, el Gobierno ya no elige entre el FMI o los jubilados y discapacitados: simplemente ya eligió.
