La posibilidad de un nuevo paro de colectivos en el AMBA vuelve a poner sobre la mesa una de las tensiones más visibles de la crisis económica argentina: el choque entre salarios que no alcanzan y un Estado que recorta subsidios sin resolver cómo se sostiene el sistema.
Este viernes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte se verán otra vez las caras en una audiencia clave en la Secretaría de Trabajo. Si no hay acuerdo, el gremio de choferes podría lanzar una medida de fuerza que afectaría a millones de usuarios en el área metropolitana.
El transporte como termómetro de la crisis
El conflicto entre la UTA y las empresas no es nuevo, pero esta vez refleja con claridad las limitaciones del modelo libertario aplicado por Javier Milei: el ajuste a fondo de los subsidios choca con un sistema de transporte que sin esa ayuda se vuelve inviable.
Las cámaras empresarias aseguran que no pueden pagar aumentos salariales porque el Gobierno nacional no actualiza la estructura de costos desde febrero. El gremio, por su parte, reclama una suba que compense una inflación que, aunque bajando levemente, sigue deteriorando el poder adquisitivo de los salarios.
Mientras tanto, la resolución 8/2025 del Ministerio de Transporte congeló cualquier mejora salarial hasta junio, lo que genera un vacío en la negociación que alimenta el conflicto.
Un paro que incomoda al Gobierno y al propio gremio
La UTA ya había amagado con un paro en marzo, pero lo suspendió por la conciliación obligatoria. Ahora esa protección legal se venció, y la presión para hacer una medida de fuerza vuelve con fuerza. Sin embargo, el gremio liderado por Roberto Fernández es históricamente moderado y reticente a los paros totales. De hecho, ni siquiera adhirió al paro general de la CGT del 10 de abril, lo que generó tensiones internas con otros sindicatos más combativos.
Pero la paciencia tiene un límite: el sueldo básico de un chofer ronda el 1.200.000 pesos, y los aumentos que reclaman no son desmedidos si se comparan con los aumentos de precios de los últimos meses (2,4% en febrero, 3,7% en marzo, y una proyección que no baja del 4% mensual para abril).
El transporte, un servicio esencial al borde del colapso
En el fondo, lo que está en juego no es solo una paritaria más. Lo que se discute es cómo se sostiene un servicio público esencial en un contexto de ajuste fiscal extremo y dolarización informal del mercado. Las tarifas aumentan, los subsidios bajan, y los salarios quedan en el medio, sin una respuesta clara.
El Gobierno nacional mira desde lejos. No interviene de forma directa y delega el conflicto entre privados, aunque se trata de un servicio público regulado. Esta postura encaja con su visión de un Estado que se corre, pero en la práctica agrava el conflicto, porque ni los empresarios tienen margen para ofrecer mejoras, ni los trabajadores pueden seguir perdiendo poder adquisitivo.
Un paro que puede tener impacto político
Si la medida de fuerza se concreta, no solo afectará al AMBA en lo cotidiano. También puede sumar presión política a una situación social cada vez más tirante. En un país donde el transporte público es clave para el funcionamiento diario de la economía informal y la actividad comercial, un paro tiene impacto directo en la vida de los sectores populares.
Además, ocurre en un contexto donde los gremios vuelven a ganar protagonismo frente a un Gobierno que apuesta al “shock” económico, pero sin red de contención.
