La crisis que desató el ajuste del gobierno de Javier Milei empieza a dejar escenas insólitas. En Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella tuvo que recurrir a las grandes empresas del polo industrial para poder pagar el aguinaldo de los empleados públicos. La provincia solicitó $20.000 millones en concepto de adelanto impositivo para cubrir la primera cuota del sueldo anual complementario de 16.000 estatales.
El pedido se realizó a través de un anticipo de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos. Las firmas electrónicas agrupadas en AFARTE recibieron una solicitud por $15.000 millones, mientras que otros $5.000 millones fueron reclamados a la petrolera Total Energies. Hasta el momento, no hubo respuestas.
Desde el gobierno fueguino apuntan directamente a la Casa Rosada: denuncian el corte total de fondos nacionales, la ausencia de Aportes del Tesoro y el freno a obras, convenios y autorizaciones para tomar deuda. Todo, en medio de una fuerte caída de la actividad industrial por la apertura importadora impulsada por Milei.
Con la industria en retroceso y hasta 1.000 empleos en riesgo, la provincia queda atrapada entre el ajuste libertario y una recaudación en baja. El resultado es brutal: gobernadores pasando la gorra, trabajadores en vilo y un Estado nacional que se borra mientras el interior paga el costo del “orden fiscal”.
