El Gobierno afronta su última semana para intentar aprobar una reforma laboral que llega rodeada de conflictos y sin consensos firmes. Con las sesiones extraordinarias a punto de comenzar, la Casa Rosada acelera reuniones mientras crecen las tensiones políticas y sociales.
El proyecto, impulsado desde el Consejo de Mayo, quedó empantanado por la improvisación oficial y la presión sindical. Primero fue postergado, luego apurado, y hoy avanza con apoyos frágiles y múltiples objeciones.
El principal foco de choque es Ganancias. Varios gobernadores advierten que la baja de alícuotas para empresas recortaría recursos provinciales y reclaman cambios o compensaciones. Santa Fe y Córdoba ya marcaron distancia y cuestionan a un Gobierno que, dicen, desatiende al interior productivo.
En paralelo, Bullrich y Santilli multiplican audiencias sin lograr calmar el escenario. Los gremios, en tanto, endurecen su postura: ATE y la UOM alertan por posibles medidas de fuerza ante una reforma que consideran un retroceso en derechos laborales.
Con internas abiertas, provincias en alerta y sindicatos en pie de guerra, la reforma laboral entra en su tramo final más cerca del conflicto que del consenso.
