El Gobierno vuelve a moverse a toda velocidad y, fiel a su estilo, impulsa una reforma laboral plagada de polémicas que promete encender aún más el malestar social. Mañana enviará el proyecto al Congreso, confiado —casi con soberbia— en que tendrá los votos para aprobarlo. Pero puertas adentro hay inquietud: no saben cómo enfrentar la resistencia de los gremios, que ya anticipan un diciembre explosivo.
Aunque la Casa Rosada insiste en mostrarse optimista, ni siquiera logró acordar la tan mencionada convocatoria a la CGT. Mientras Patricia Bullrich se prepara para manejar el Senado con mano firme y promete “sacar todas las leyes del Ejecutivo”, los sindicatos advierten que no apoyarán una reforma que —según denuncian— recorta derechos y precariza aún más a los trabajadores en plena crisis.
El borrador oficial tendría más de 150 artículos y será revelado la próxima semana. En el Gobierno hay apuro: creen que deben enviar señales “rápidas al mercado” antes de que la oposición deje de acompañar. Del otro lado, la CGT arma su propio proyecto y analiza medidas de fuerza ante la falta total de diálogo.
En un contexto donde empresas y trabajadores no tienen respiro, el Ejecutivo avanza con una reforma que podría desatar el mayor conflicto del año. Y mientras la tensión crece, algunos funcionarios se permiten la ironía: aseguran que cada vez que los gremios protestan, “a ellos les sube la intención de voto”. Una frase que evidencia lo de siempre: el Gobierno prefiere sostener su relato antes que evitar el choque frontal que ya está en marcha.
