Mientras el calor aprieta en la Ciudad de Buenos Aires, en la Casa Rosada se recalienta otra discusión clave: la reforma laboral que el Gobierno insiste en aprobar y que amenaza con arrasar derechos históricos. La CGT volvió a la mesa de negociación, pero lo hace sin garantías y con la certeza de que el Ejecutivo juega a dos puntas.
En el sindicalismo hubo alivio por una señal puntual: Federico Sturzenegger fue apartado de las conversaciones. El ministro de Desregulación es el rostro más rechazado por los gremios, autor de las iniciativas más duras del DNU 70 y de los artículos que buscan limitar el derecho de huelga y debilitar el financiamiento sindical. Su corrimiento bajó la tensión, pero no disipó las sospechas.
El Gobierno ahora muestra una cara más política. Santiago Caputo, los Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezan el operativo “diálogo”, mientras Patricia Bullrich ensaya un giro discursivo y se presenta como garante del consenso. Sin embargo, puertas adentro nadie asegura que los cambios prometidos no sean apenas retoques cosméticos.
En la CGT reina la cautela. Por eso activó una estrategia doble: negociar en el Congreso y, al mismo tiempo, recorrer provincias para presionar a los gobernadores y evitar que avalen la reforma sin modificaciones de fondo. El mensaje es claro: si el Senado avanza sin cambios, la respuesta volverá a estar en la calle.
El Ejecutivo, en paralelo, acelera contactos y busca votos contrarreloj. Ya consiguió apoyos provinciales y apunta a febrero para cerrar el trámite legislativo. La pulseada está abierta, pero el riesgo es evidente: detrás del discurso del diálogo, el ajuste laboral sigue avanzando sin pausa.
