Mientras Javier Milei participa del Foro de Davos, el Gobierno nacional acelera en el Congreso la reforma laboral y se niega a modificar el artículo que reduce el impuesto a las Ganancias para las empresas, pese al fuerte reclamo de las provincias. Gobernadores de distintos espacios advierten que la medida recorta fondos coparticipables y agrava la crisis financiera en los distritos.
Aunque el oficialismo asegura que escucha a “todas las voces”, puertas adentro reconoce que no hay intención de dar marcha atrás con la baja impositiva. El proyecto prevé reducir las alícuotas para sociedades en los tramos 2 y 3, lo que implica menos recursos para las provincias, que ya sufren una caída sostenida de la recaudación.
Desde el interior remarcan que el ajuste vuelve a caer sobre los mismos: servicios públicos resentidos, obras frenadas y cuentas al límite. Incluso gobernadores dialoguistas pusieron reparos y advirtieron que no acompañarán una ley que tenga costo fiscal directo para sus territorios.
En la Casa Rosada, sin embargo, celebran el respaldo de algunos mandatarios aliados y apuestan a avanzar sin cambios. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, tendrá además la potestad de definir cuándo se aplicará efectivamente la baja de Ganancias, sumando discrecionalidad al esquema.
En paralelo, crece el rechazo sindical. La UOM y otros gremios evalúan un paro con movilización contra la reforma, en un clima social cada vez más tenso. Mientras tanto, el Gobierno insiste con su libreto de ajuste, prioriza beneficios impositivos para empresas y vuelve a dejar a las provincias pagando la cuenta.
