Con el ajuste golpeando fuerte y sin señales de recuperación económica, el Gobierno nacional acelera en el Congreso para imponer dos proyectos altamente conflictivos: la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad.
En el marco de las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza busca sesionar el 11 de febrero en el Senado para darle media sanción a una reforma laboral rechazada por sindicatos y cuestionada por amplios sectores políticos. Para lograrlo, el oficialismo intensificó reuniones reservadas, llamados cruzados y presiones a gobernadores y senadores.
La principal operadora es Patricia Bullrich, que intenta sumar el respaldo de la UCR, un bloque atravesado por fuertes internas. Los puntos más resistidos del proyecto son la reducción del aporte sindical, los cambios en los convenios colectivos y el debilitamiento del rol de los gremios.
Mientras tanto, el peronismo se mueve con cautela y espera definiciones de los gobernadores, que vuelven a reunirse en el CFI. Nadie quiere pagar el costo político de apoyar o frenar una reforma que recorta derechos laborales en medio de una crisis social creciente.
La tensión también se traslada a la calle. A metros del Senado, más de 30 sindicatos industriales se reúnen para rechazar la reforma y cuestionar la pasividad de la conducción de la CGT.
En Diputados, el escenario es igual de caótico. El Gobierno intenta avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, pero todavía no presentó el proyecto, exponiendo desorden e improvisación. Pese a eso, el oficialismo ya habla de tratar el tema el 25 de febrero.
Con negociaciones opacas y sin consensos claros, el Gobierno vuelve a apostar por leyes que encienden alarmas y anticipan un febrero caliente dentro y fuera del Congreso.
