En una nueva muestra del endurecimiento represivo del Gobierno de Javier Milei, la Policía de la Ciudad detuvo a cuatro trabajadores estatales durante una protesta pacífica que se realizaba este lunes en la Avenida General Paz. La manifestación fue impulsada por el gremio ATE para rechazar el inminente decreto de desguace del INTI y el INTA, dos organismos claves para el desarrollo científico y productivo del país.
Lejos de abrir canales de diálogo, el Gobierno respondió con fuerzas de seguridad, detenciones sin orden judicial y criminalización directa de la protesta gremial, en una postal que se repite con alarmante frecuencia desde el inicio de la gestión libertaria.
📉 El ajuste como política de Estado
La protesta de ATE surge como respuesta a un decreto que se espera esta semana y que apunta a quitarle el carácter descentralizado y autárquico al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida, promovida por Federico Sturzenegger, busca concentrar el manejo presupuestario y administrativo de ambos organismos en el Ministerio de Economía, es decir, en la órbita de Luis Caputo.
En la práctica, esto implica reducir la autonomía institucional y abrir la puerta a recortes, despidos, paralización de proyectos y desmantelamiento de áreas clave para el desarrollo científico, industrial y agropecuario del país. El INTI, por ejemplo, es uno de los pocos entes públicos con capacidad técnica y tecnológica propia, reconocido incluso a nivel internacional.
👮♂️ Represión en lugar de diálogo
En lugar de atender los reclamos o discutir el impacto estructural de estas reformas, el Gobierno optó por reprimir una protesta pacífica con un operativo desproporcionado. Cuatro dirigentes sindicales fueron detenidos y trasladados sin justificación clara. Desde ATE denunciaron que se trató de una medida “intimidatoria” que busca disciplinar la protesta social.
La criminalización del derecho a manifestarse es cada vez más visible en un contexto donde cualquier expresión de disenso es tratada como una amenaza al orden público, reforzando el enfoque autoritario de una gestión que busca avanzar sin contrapuntos institucionales ni sociales.
🏛️ Decretos para desarmar el Estado
Las organizaciones gremiales y científicas alertan que lo que está en juego no es solo la situación laboral de miles de trabajadores, sino la continuidad misma de políticas públicas estratégicas. El decreto que se anunciará esta semana forma parte de un paquete más amplio de desregulación, en el cual ya fueron apuntados organismos como el Instituto Nacional del Agua, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INPI, el Instituto Nacional de la Semilla y hasta áreas de Agricultura Familiar.
Estas decisiones, lejos de representar eficiencia o modernización del Estado, marcan una ofensiva directa contra los pilares técnicos, científicos y productivos del país. Se trata de un modelo que desprecia el conocimiento local, la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado para articular desarrollo.
✊ Una resistencia que crece
La agrupación Granate del INTI, junto a ATE y otros espacios sindicales, convocaron a un acto multisectorial para este lunes en defensa de los organismos amenazados y para exigir la derogación del decreto. La consigna es clara: “Sin ciencia, tecnología e industria no hay futuro”. Y la defensa no es solo gremial, sino política y social: se trata de preservar el conocimiento público y federal frente a un proyecto de concentración y achicamiento del Estado que solo beneficia a unos pocos.
La represión del lunes en General Paz no es un hecho aislado. Es la expresión de una lógica de gobierno que persigue, acalla y arrasa, en vez de debatir, proteger y construir. Frente a eso, el reclamo por más Estado y más derechos se vuelve no solo legítimo, sino urgente.
