El Gobierno argentino implementó nuevas restricciones para el trabajo periodístico en la Casa Rosada mediante la Resolución 1319/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta normativa establece cupos limitados de acceso a las salas de prensa y conferencias, fija horarios estrictos de trabajo y condiciona las acreditaciones a la audiencia y alcance geográfico de los medios. Además, se introducen “reglas de convivencia” que podrían limitar la libertad de expresión durante las conferencias de prensa.
La resolución también establece que cada medio podrá acreditar a un máximo de dos periodistas, uno por turno, y que los permisos deben ser solicitados mediante una declaración jurada. El Gobierno evaluará las solicitudes basándose en mediciones de audiencia proporcionadas por empresas como IBOPE y Analytics. Estas medidas han generado preocupación entre los trabajadores de prensa, quienes consideran que se trata de una forma de censura encubierta y un ataque a la libertad de prensa.
Organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han expresado su rechazo a estas restricciones, argumentando que limitan el acceso a la información y el ejercicio del periodismo independiente. La implementación de estas medidas se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, y ha sido interpretada como un intento de controlar la narrativa oficial y evitar cuestionamientos incómodos.
