El subrégimen fueguino, vigente desde 1972, genera un alto costo fiscal y enfrenta críticas por su falta de valor agregado y dependencia de insumos importados.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, establecido en 1972, representa un gasto fiscal anual de aproximadamente USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI nacional . Este esquema otorga beneficios fiscales y aduaneros a empresas que ensamblan productos electrónicos en la provincia, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y poblacional en la región.
Sin embargo, diversos informes señalan que el régimen no logró generar una autonomía económica sostenible para la provincia. La mayoría de las empresas beneficiadas importan insumos y componentes, realizando procesos de ensamblaje con escaso valor agregado local. Además, el régimen fue criticado por no incentivar las exportaciones ni promover una integración efectiva con el resto del país.
Recientemente, el gobierno nacional anunció la reducción de aranceles a la importación de productos electrónicos, medida que podría afectar la competitividad de las empresas radicadas en Tierra del Fuego. Esta decisión generó preocupación en el sector industrial fueguino, que teme una disminución en la producción y el empleo .
En este contexto, expertos y centros de estudios proponen una reformulación del régimen que contemple una reducción gradual de los beneficios fiscales y promueva la innovación, el agregado de valor y la diversificación productiva en la provincia .
