Mientras más de 20 pasajeros resultaron heridos, el oficialismo culpó a “20 años de desinversión” y redobló su cruzada por entregar los trenes al sector privado. En lugar de respuestas, Milei y sus funcionarios repiten el libreto del “no hay plata” y culpan al pasado, mientras los usuarios viajan cada día más inseguros.
El país volvió a ver una escena que parecía del pasado: vagones retorcidos, pasajeros heridos y el sonido del metal sobre las vías. El descarrilamiento del tren Sarmiento, ocurrido en Liniers, dejó más de veinte heridos y volvió a exponer el abandono del sistema ferroviario argentino.
Desde la Casa Rosada, la respuesta fue rápida y previsible. El Gobierno culpó a “20 años de desinversión” y, lejos de asumir responsabilidades, usó la tragedia como argumento para insistir con la privatización de los trenes.
Mientras la Junta de Seguridad en el Transporte y la Justicia investigan el accidente, el presidente Javier Milei insiste con su receta: “no hay plata” y “el mercado resolverá los problemas”. En los hechos, eso significa avanzar hacia tarifas más caras, menos trabajadores y un servicio que quedará en manos de empresarios.
El sistema ferroviario fue declarado en emergencia y el Ejecutivo asegura haber invertido más de 500 mil millones de pesos en obras. Sin embargo, los descarrilamientos, choques y fallas técnicas se repiten.
En los pasillos del poder, nadie habla de responsabilidad política. La prioridad, aseguran, es “atraer privados” para que se hagan cargo del servicio. Mientras tanto, los pasajeros viajan todos los días en trenes deteriorados, inseguros y sin garantías.
Una vez más, el Estado mira para otro lado. Los heridos esperan respuestas, y el Gobierno aprovecha la tragedia para justificar la entrega del patrimonio público.
